Morelia, Michoacán
La subsecretaria de Derechos Humanos y Población de la Secretaría de Gobierno (Segob), Elvia Higuera Pérez anunció que se está trabajando para resarcir el daño de 750 víctimas relacionadas con el caso Arantepacua del 5 de abril del 2017. Este esfuerzo incluye medidas tanto de reparación individual como colectiva, con el objetivo de garantizar justicia y apoyo integral a quienes resultaron afectados por estos hechos perpetrados por la policía estatal en contra de población de la localidad.
En entrevista, Higuera Pérez puntualizó que, de las 750 víctimas, cuatro son consideradas directas, incluyendo a tres viudas y la abuela de un menor que fue asesinado por elementos de la Policía Michoacán. Además, se han identificado alrededor de 600 víctimas adicionales que requieren acompañamiento médico y psicológico como parte del proceso de reparación.
Higuera Pérez explicó que los aspectos clave en este proceso es la solicitud a la Fiscalía General de la República (FGR) para que atraiga la investigación del caso. Sobre la disculpa pública por parte del gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla a la comunidad, la funcionaria explicó que aún no se realiza, pues se están generando los acuerdos necesarios con las comunidades y las víctimas.
“En cuanto a la reparación individual, se han logrado avances significativos, con un progreso del 40% en el caso de las víctimas directas de tortura y privación de la libertad. La Comisión Nacional de Víctimas será la encargada de determinar el monto reparatorio, basándose en la metodología establecida por la ley y considerando los proyectos de vida y las dependencias económicas de los afectados”, añadió.
Además, se han realizado avances importantes en la reparación colectiva, incluyendo la entrega de una unidad deportiva y la conclusión del 90% de un hospital de especialidades destinado a brindar atención médica a la comunidad. Se espera que estas acciones contribuyan a garantizar un proceso de reparación integral y justo para todas las víctimas involucradas en el caso Arantepacua.
