Redacción / La Voz de Michoacán

Morelia, Michoacán. La tarde de este miércoles, el gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedolla, por medio de un boletín de prensa celebró que el Congreso del Estado aprobara la reforma al Código Penal para el Estado de Michoacán, con el que, dice, se pretende sancionar la “apología del delito”.

Tanto en el boletín como en sus redes sociales, el mandatario agradeció el “respaldo y compromiso” por parte de los legisladores, quienes, con 24 votos a favor, 9 en contra y 2 abstenciones, aprobaron en lo general la reforma, que adiciona la fracción IX del artículo 24 y el artículo 163 quinquies, el artículo 163 sexies, y el capítulo VII al título cuarto del libro segundo del Código Penal para el Estado de Michoacán.

El titular del Ejecutivo estatal detalló que, en lo particular, se determinó que quedan exceptuados de lo establecido en el artículo 163 sexies y en la fracción IX del artículo 24, quienes informen en “cualquier medio de comunicación, en el legítimo ejercicio de su profesión u oficio periodístico, atendiendo al derecho a la información”.

Y es que el mandatario explicó que con este ordenamiento legal lo que se busca es “evitar que se promueva o glorifique la falsa narrativa de éxito y de actitudes delictivas que lastiman a la sociedad”.

Ramírez Bedolla señaló que esta reforma es “trascendental” para Michoacán, derivado de que el marco legal “ahora impedirá que la apología del delito siga generando conductas que atenten contra la seguridad y dignidad de las personas”.

Explicó que con esta nueva ley, “la música que promueva cualquier tipo de apología del delito, como narcocorridos, no será difundida en eventos públicos”, y “puntualizó que, con esta modificación al marco legal, se combatirá la aprobación pública de comportamientos delictivos específicos y que representen una amenaza real al orden jurídico”, finaliza el comunicado de prensa.

Reforma, engañosa y sin consenso: periodistas

Con el argumento de que se busca erradicar la impunidad “contra quien promueva o glorifique acciones delictivas”, la LXXVI Legislatura aprobó tipificar “la provocación y la apología del delito”, aunque, por medio un boletín, señalan que se hace “defendiendo la libertad de expresión y prensa”.

En sesión ordinaria de este miércoles, y en medio de las protestas de periodistas michoacanos, los diputados coincidieron en que combatir la violencia y actividades ilícitas “que influyen en la sociedad mediante la apología del delito, no debe cuartar el derecho a la libertad de expresión e información”.

Sin embargo, la reforma no fue bien recibida por periodistas michoacanos aglutinados en el Colectivo #NiUnoMás Michoacán, que rechaza “de manera categórica” la reforma al Código Penal del Estado de Michoacán aprobada por mayoría por el Congreso local, debido a que, señalan, constituye una amenaza grave y latente contra la libertad de expresión, la crítica pública, la expresión artística, la organización ciudadana y la participación política.

Por medio de un posicionamiento, los periodistas y comunicadores indican que la incorporación de la fracción IX al artículo 24, junto con la adición del artículo 163 quinquies y el nuevo Capítulo VII, bajo el título de “Provocación a cometer un delito y apología de éste o de algún vicio”, configura un tipo penal ambiguo y de interpretación expansiva que puede ser utilizado para vigilar, sancionar o inhibir las ideas, la crítica, así como el disenso social y político.

‘Impreciso y peligroso’

A decir de los integrantes del colectivo, términos como “expresen ideas, promocionen o expongan argumentos por cualquier medio que incentiven la criminalidad”, carecen de un marco interpretativo objetivo y acotado. Y por ello señalan que la redacción del documento introduce términos vagos, como “ideas”, “argumentos”, “cualquier medio”, “alusión”, “promoción”, los cuales dejan al arbitrio de los ministerios públicos y jueces la interpretación subjetiva de cuándo una expresión constituye una conducta delictiva.

Por ese motivo, reza el posicionamiento, “este tipo de lenguaje permite criminalizar el contenido discursivo sin atender al contexto, la intención comunicativa ni la finalidad social del mensaje, violentando así el principio de claridad normativa penal, piedra angular del Estado de Derecho”.

Los periodistas de #NiUnoMás Michoacán además recalcan que, si bien el dictamen contempla en el artículo 163 sexies una excepción para periodistas y medios de comunicación, “en ejercicio de su profesión u oficio periodístico, atendiendo al derecho a la información”, la redacción es, “además de ambigua, insuficiente y tramposa” por tres motivos:

En primer lugar, porque limita la protección al ámbito noticioso tradicional, sin considerar que el derecho a la libertad de expresión, reconocido en tratados internacionales vinculantes como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, no se reduce al derecho a la información ni al ejercicio profesional del periodismo, sino que incluye a artistas, investigadores, activistas, creadores de contenido, académicos y cualquier ciudadano que difunde ideas en el espacio público.

En segundo lugar, porque subordina la protección al “derecho a la información”, excluyendo “de facto” otras formas legítimas de expresión no informativa, como el arte, la sátira, la denuncia, la memoria, la protesta, “que resultan igualmente esenciales para la vida democrática”.

Y en tercer lugar, porque acusan que el procedimiento legislativo fue “opaco y apresurado”, esto al no haberse emitido una convocatoria pública a sesiones de la Comisión de Justicia, como tampoco se abrió un parlamento abierto ni se escucharon voces de expertos en la materia, con todo y que, indican los periodistas, los coordinadores de la distintas bancadas se habían comprometido públicamente a ello.

Por otro lado, el Colectivo #NiUnoMás reprocha que la reforma aprobada penaliza expresiones sin requerir vínculo directo o causal entre el discurso y un hecho delictivo. Así, “la sola alusión o difusión de ciertos temas puede ser considerada delictiva, con efectos inhibitorios sobre la crítica social, la denuncia política o la organización comunitaria. En un contexto donde el discurso oficial identifica a la protesta como amenaza, esta disposición abre la puerta al uso político del derecho penal”.

Por ello advierten que el efecto inhibidor de esta norma se extiende más allá del periodismo y golpea de lleno a la ciudadanía organizada, a las juventudes, a los movimientos sociales, a quienes “desde los márgenes cuestionan al poder y abonan a la pluralidad democrática”.

Los periodistas no defienden la criminalidad

En su posicionamiento, el Colectivo #NiUnoMás manifiesta su rechazo a toda expresión que exalte la violencia, “pero también afirmamos que no aceptaremos que se use ese argumento como caballo de Troya para justificar la censura. El verdadero problema no está en las canciones o los relatos, sino en la incapacidad del Estado para garantizar seguridad, educación de calidad, presupuesto para cultura y deporte, y una estrategia integral de prevención”.

Además, el colectivo rechaza lo que considera simulaciones, como la reunión exprés que se pretendía organizar tras la protesta pública. “Esta reforma, tramitada en apenas dos semanas, sin discusión pública ni técnica, exige una revisión jurídica de fondo, con participación de especialistas en derecho constitucional, derechos humanos, comunicación y libertad de expresión”.

Ante ello, lanzan un llamado a toda la sociedad civil organizada, a los colectivos, agrupaciones, gremios, sector académico, artistas, defensores de derechos humanos “y a todas las personas que se sientan afectadas por esta medida, para que se sumen a esta protesta y establezcamos acciones conjuntas, jurídicas y sociales, con el fin de iniciar una lucha amplia y decidida contra esta reforma regresiva”.