Agencias / La Voz de Michoacán

¡Increíble pero cierto! En Estados Unidos, un hombre que pasó casi una década en prisión por un crimen que no cometió ha sido compensado con 50 millones de dólares. Mientras tanto, en países como México, casos de condenas injustas suelen quedar en la impunidad o, en el mejor de los casos, reciben apenas disculpas públicas y compensaciones mínimas. La historia de Marcel Brown, de 34 años, parece sacada de una película de ficción para quienes viven en sociedades donde la justicia rara vez se preocupa por reparar de forma efectiva los errores cometidos en su nombre.

Brown fue encarcelado a los 18 años, acusado de ser cómplice de un asesinato. Sin embargo, la verdad detrás de su confesión —extraída tras 30 horas de interrogatorio bajo coacción— finalmente salió a la luz. Tras varios años de lucha judicial, un jurado en Chicago le otorgó la mayor compensación por condena injusta en la historia de Estados Unidos: 50 millones de dólares. ¿Se imaginan algo así en México? En este país, donde el sistema de justicia ha sido duramente criticado por su falta de transparencia y sus constantes violaciones a los derechos humanos, este tipo de reparaciones son impensables.

En México, los casos de tortura durante los interrogatorios o confesiones forzadas son pan de cada día. El problema de las detenciones arbitrarias es tan común que las instituciones de derechos humanos han advertido sobre una "crisis" en el sistema de justicia. Según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), miles de personas han sido encarceladas bajo cargos basados en confesiones obtenidas mediante tortura, pero las compensaciones a las víctimas suelen ser insignificantes. Comparado con los millones de dólares que recibe Brown, las víctimas mexicanas a menudo tienen que conformarse con disculpas simbólicas y pequeñas sumas.

Otro aspecto a resaltar es que en Estados Unidos existen mecanismos más eficaces para obtener justicia una vez que se descubre un error. El sistema de compensación por condenas injustas permite a personas como Brown obtener indemnizaciones que reflejan, al menos en parte, el sufrimiento vivido. En México, la situación es opuesta. ¿Cuántos casos de personas exoneradas conocemos que hayan recibido reparaciones adecuadas? Pocos, si es que alguno. Y los procesos suelen ser extremadamente largos, lo que añade una nueva capa de sufrimiento.

Un ejemplo relevante en México es el caso de Israel Vallarta, quien ha pasado más de 15 años en prisión sin una condena, víctima de un montaje mediático y judicial que aún no se resuelve. Su caso, al igual que el de Brown, ha llamado la atención internacional, pero en lugar de recibir justicia o compensación, Vallarta continúa tras las rejas, con pocas esperanzas de ver un juicio justo.

La falta de justicia y de mecanismos efectivos de reparación en México revela un problema estructural que afecta a cientos, si no miles, de personas inocentes. El caso de Brown pone en evidencia que, mientras en algunos países como Estados Unidos el sistema puede corregir sus errores, en otros, el daño suele ser irreparable y sin consecuencias significativas para los responsables.

El derecho a un juicio justo y el acceso a la justicia efectiva no deberían depender de la nacionalidad. Sin embargo, la enorme disparidad entre los sistemas judiciales de Estados Unidos y México deja en claro que las víctimas de errores judiciales en América Latina siguen siendo invisibles para las autoridades.

El caso de Brown también destaca algo más: en Estados Unidos, la presión social y las leyes contra la brutalidad policial han permitido avances en la justicia. No es perfecto, pero la presión ha logrado resultados. En México, a pesar de los esfuerzos de activistas y organismos de derechos humanos, las voces de las víctimas a menudo se pierden en la burocracia judicial.

Lo cierto es que, en países como México, un veredicto como el de Brown sería revolucionario. No solo por la cantidad de dinero, sino por lo que representa: una verdadera voluntad de reconocer el daño causado por el sistema y la responsabilidad de reparar a las víctimas. Este es el tipo de justicia que muchos en América Latina sueñan, pero que, hasta ahora, parece estar muy lejos de convertirse en realidad.