Morelia, Michoacán
Carlos González García, abogado de la comunidad indígena de Santa María Ostula, ha alzado la voz en defensa de casi tres mil hectáreas de tierras que la comunidad ha ocupado de manera tradicional durante siglos. Estas tierras, que incluyen las poblaciones de La Palma de Oro y El Murciélago, están en peligro de ser despojadas por un grupo de supuestos pequeños propietarios que, según González, cuentan con escrituras nulas otorgadas sobre tierras comunales.
El conflicto legal, que ya lleva 20 años en litigio, se encuentra en su fase final en el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con sede en Morelia. La comunidad interpuso el amparo directo 463/2023 en contra de la resolución del Tribunal Superior Agrario, que confirmó una sentencia del Tribunal Unitario Agrario Distrito 38 de Colima. Esta sentencia desconoce los derechos ancestrales de la comunidad y favorece a los supuestos propietarios, lo que podría llevar a la pérdida de una parte significativa del territorio de Ostula.
“Es algo realmente absurdo que esto llegue a ocurrir porque contradeciría completamente los derechos establecidos en la Constitución y los convenios internacionales que protegen a los pueblos originarios”, afirmó Carlos González. El abogado enfatizó que las tierras en disputa han sido ocupadas y custodiadas por la comunidad náhuatl de Santa María Ostula durante más de 500 años, con títulos primordiales que datan de la época colonial y una resolución presidencial que respalda su posesión”.
El conflicto ha llevado a la comunidad a declararse en asamblea permanente desde el 28 de julio, en alerta máxima ante los ataques y amenazas que enfrentan. “Hemos defendido nuestras tierras con nuestras vidas, con el asesinato de 40 comuneros y la desaparición de seis más desde que iniciamos la recuperación de nuestro lugar sagrado, Xayakalan”, recordó González.
La situación es aún más tensa debido a la supuesta colusión de estos pequeños propietarios con el crimen organizado, que han acosado a la comunidad en su lucha por mantener sus tierras.
La expectativa ahora recae sobre el fallo del tribunal, que será la última instancia legal para la comunidad. “Si este tribunal convalida la sentencia de primera instancia, se fijará un límite comunal que excluiría una parte significativa de nuestras tierras, lo que sería una tragedia para la comunidad y un atentado contra la justicia agraria en México”, advirtió González.
Para exigir justicia, los comuneros cerraron la vialidad enfrente del Poder Judicial en Morelia, como una medida de presión de la comunidad ante lo que consideran una amenaza existencial para su territorio, su cultura y su derecho a la libre determinación.
