OPL sin presupuesto 

Yurisha Andrade Morales*

Mientras en el ámbito federal la propuesta presidencial para una reforma electoral avanza con la integración de la Comisión anunciada por la Presidenta de la República, en algunas entidades federativas los organismos electorales tienen complicaciones administrativas para cumplir sus obligaciones y ejercer sus atribuciones, debido a la insuficiencia de recursos presupuestales, lo cual fue informado por el Instituto Nacional Electoral el pasado 7 de agosto al analizar el Sexto Informe de Seguimiento sobre la Situación Presupuestal de los Organismos Públicos Locales 2025, con corte al 24 de julio de este año.

​En su revisión periódica, el INE encontró que cinco entidades se clasifican en nivel de riesgo moderado, es decir, donde se tiene un impacto en la ejecución de actividades operativas relacionadas con las atribuciones ordinarias de los OPL,estas son: Zacatecas, Nayarit, San Luis Potosí, Ciudad de México y Colima. En paralelo, en Yucatán y Zacatecas, los organismos electorales tienen una clasificación de riesgo alto, entendido como la problemática presupuestal que tiene impactos en la organización de los procesos electorales ordinarios o extraordinarios y/o del Poder Judicial Local, mismos que pueden repercutir, también, en sus programas ordinarios.

Yucatán, si bien había mantenido un riesgo presupuestal medio en los dos primeros meses del año, al no disponer de recursos suficientes para cubrir sugasto operativo, su problemática se agudizó al destinar parte de estos recursos para cubrir los costos de las elecciones judiciales locales, así como para pagardeudas pendientes con el INE del proceso electoral 2023-2024. Zacatecas todo el año se ha clasificado como de riesgo alto, entre otros factores por el elevado recorte presupuestal que sufrió siendo, además, el único organismo que tiene un adeudo con el Instituto Nacional Electoral correspondiente a dos procesos electorales anteriores. Hoy en día su operatividad se encuentra comprometida para el segundo semestre de 2025.

A mayor detalle, en el Informe se indica que el OPL de Yucatán solicitó 280millones 806 mil 215 pesos, 148 millones 110 mil 897 pesos para gasto operativo y 132 millones 695 mil 318 pesos para financiamiento público; y que el 31 de diciembre se publicó en el periódico oficial el presupuesto de egresos aprobándose para el OPL un total de 245.6 millones, de los cuales 112.9 millonesson para gasto ordinario y 132.6 millones para financiamiento público partidario.En Zacatecas el OPL solicitó 273.207 millones de pesos, 88.2 para gasto ordinarioy 89 como presupuesto precautorio para la revocación de mandato y 95.8 para financiamiento partidista. El Congreso Local, al aprobar el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2025, autorizó al OPL 125.9 millones, 95.8 para financiamiento público y solo 30 millones para su gasto ordinario, una reducción de 83.03% en relación con lo solicitado (páginas 23 y 24 del Informe).

Las cifras específicas ilustran el nivel de problemática que tienen algunas instituciones electorales locales para ejercer sus atribuciones constitucionales y, en algunas ocasiones, para cumplir a cabalidad con las actividades de los procesos electorales que tienen a su cargo. Destaca, sin embargo, que los recortes presupuestales solo afectan las partidas que corresponden a los OPL, sin disminuir ninguna cantidad a los partidos políticos, bajo el argumento de que el monto y las modalidades de su financiamiento están previstas en las constituciones y en la legislación ordinaria.

La falta de recursos en algunos OPL y, dicho sea de paso, también en algunos tribunales electorales, es una problemática que los afecta con matices y variaciones locales, desde su surgimiento con la reforma de 2014. Por ello, en diversas ocasiones he sostenido que una reforma electoral que tenga como propósito fortalecer al sistema nacional de elecciones, debe considerar la preservación de estas instituciones e incluir mecanismos que garanticen el otorgamiento de los recursos que necesitan para organizar elecciones auténticas y de calidad, siempre con transparencia, austeridad y apego al principio de rendición de cuentas. La autonomía constitucional y presupuestaria de las autoridades electorales es fundamental para el fortalecimiento de la democracia mexicana.  

Magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán

@YurishaAndrade