Los nuevos ayuntamientos deben priorizar la gestión de residuos municipales para cumplir con normativas ambientales, señaló Proam
Morelia, Michoacán.-Actualmente, hay 86 procedimientos administrativos en curso en la Subdirección de lo Contencioso Ambiental de la Procuraduría de Protección al Ambiente (Proam), dirigidos a 66 ayuntamientos por no acatar la legislación ambiental y la NOM-083-SEMARNAT-2003, que dicta las normas de protección ambiental para la gestión residuos y rellenos sanitarios.
Con la próxima inauguración de los nuevos alcaldes y concejos en los 113 municipios de Michoacán, es vital que las autoridades estén al tanto de que la gestión adecuada de los basureros municipales es uno de sus mayores desafíos, afectando no solo el medio ambiente sino también la salud y seguridad pública.
Cada municipio presenta casos únicos, pero comúnmente se observan faltas como la ausencia de autorizaciones ambientales y el incumplimiento de los estándares mínimos requeridos por la normativa oficial.
“Una vez que se realiza la visita de inspección y revisamos el acta circunstanciada en la que los inspectores detallan las condiciones en las que opera un sitio de disposición final, nos damos cuenta de que, en su mayoría, no tienen una geomembrana que evite la filtración de lixiviados, no tienen un cerco perimetral, no cuentan con sistemas de control de biogás, tampoco con manual de operación ni se hace separación de los residuos valorizables”, explicó Arturo Collazo Fuentes, jefe de Departamento de Dictamen Técnico de la Proam.
Desde 2021, se han iniciado acciones en municipios como Copándaro y Zinapécuaro, entre otros, para que realicen estudios de daño ambiental y establezcan medidas correctivas y preventivas, reportando avances a la Proam.
Procedimientos sin seguimiento desde 2015 han acumulado multas por más de 14 millones de pesos. Por ello, es crucial invertir en la construcción de instalaciones adecuadas, realizar diagnósticos municipales de gestión de residuos y tomar medidas proactivas para evitar problemas mayores y sanciones económicas.
