Un fallo judicial redefine la revisión de teléfonos en la frontera, resguardando la privacidad.

En un veredicto sin precedentes, la jueza Nina Morrison del Distrito Este de Nueva York ha establecido que las inspecciones de teléfonos móviles en las fronteras deben clasificarse como ‘no rutinarias’. Contrario a la posición de las autoridades, que sostenían que la Cuarta Enmienda no era aplicable en estos contextos, el tribunal afirmó el derecho a la privacidad en las fronteras nacionales.

Históricamente, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) ha utilizado lagunas legales para exigir a los viajeros la entrega de información de sus dispositivos electrónicos sin necesidad de orden judicial, justificándolo como una medida contra el contrabando. No obstante, la jueza Morrison comparó la revisión de un celular a un registro corporal, distinguiéndolo de inspecciones más generales como el escaneo de equipaje o el uso de detectores de metales.

Mientras que detener el contrabando es una acción legítima, la jueza Morrison cuestionó los beneficios de acceder a información almacenada en dispositivos electrónicos comparado con la inspección de equipajes físicos. Según Morrison, investigar los datos de un teléfono implica un asalto a la privacidad similar a ‘leer la mente’.

Como resultado, cualquier inspección de teléfonos móviles en la frontera ahora requerirá de una causa probable y una orden judicial. La jueza no distinguió entre revisar manualmente el contenido del teléfono o hacerlo mediante software especializado. Además, se resaltaron las implicaciones de la Primera Enmienda, especialmente en casos donde se inspeccionaron teléfonos de periodistas.

Ejemplos citados por The Intercept y VICE muestran cómo estas prácticas pueden comprometer fuentes confidenciales y afectar la libertad de prensa. Este fallo se suma a otros que restringen la capacidad del gobierno de examinar dispositivos electrónicos en la frontera.

Ya tribunales en los circuitos 4º y 9º habían determinado que se necesita al menos una ‘sospecha razonable’ para revisar teléfonos celulares. Un fallo reciente en el Distrito Sur de Nueva York también prohibió copiar y examinar el móvil de un ciudadano estadounidense sin una orden judicial, excepto en circunstancias excepcionales.

En un caso relevante, se suprimieron evidencias obtenidas de la revisión del teléfono de Kurbonali Sultanov, acusado de descargar contenido ilegal, tras regresar de Uzbekistán. Aunque se descartaron las pruebas, una declaración ‘espontánea’ de Sultanov fue admitida en el proceso.

Este caso, y otros como el de Jatiek Smith, un miembro de la banda Bloods, cuyo teléfono fue inspeccionado sin orden judicial, ilustran el uso de vacíos legales por parte de las autoridades para eludir requisitos judiciales. Aunque las pruebas fueron desestimadas, Smith fue condenado.