Un operativo realizado en el municipio de los Reyes en el estado de Michoacán, ha culminado con la detención de 17 personas, entre ellas 12 ciudadanos colombianos, nueve de los cuales son exintegrantes del Ejército de Colombia.

La acción, encabezada por la Secretaría de Seguridad federal, forma parte de una investigación por el ataque que cobró la vida de ocho soldados mexicanos tras la detonación de una mina explosiva.

Las autoridades mexicanas sospechan que los exmilitares fueron reclutados por redes criminales transnacionales que operan en coordinación con cárteles de droga locales; según detalló el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, los detenidos ingresaron legalmente al país y poseían entrenamiento militar especializado, tres de ellos mantenían aún formación activa en el manejo de armas.

El atentado ocurrió el pasado 27 de mayo, cuando una mina artesanal explotó al paso de un convoy de la Guardia Nacional en una zona rural cercana a El Santuario; donde seis agentes murieron en el lugar, y dos más fallecieron posteriormente en el hospital. El operativo formaba parte de las acciones del gobierno para contener la violencia en una región donde el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) mantiene una presencia dominante.

Desde Colombia, el presidente Gustavo Petro reaccionó con dureza, que, a través de redes sociales, condenó que exmilitares colombianos sean contratados por grupos armados en el extranjero, calificándolo de traición a la patria. Petro propuso endurecer las leyes contra el mercenarismo, subrayando que los conocimientos adquiridos en las Fuerzas Armadas no deben ponerse al servicio del crimen organizado.

Por su parte, el cónsul colombiano en México, Alfredo Molano, ha sugerido que muchos de estos exsoldados habrían sido engañados con falsas ofertas laborales, y posteriormente forzados a colaborar con el crimen organizado. “Se les prometen trabajos de seguridad privada bien remunerados, pero terminan atrapados en redes criminales que los amenazan y despojan de sus documentos”, explicó.

Mientras tanto, las autoridades mexicanas, en colaboración con sus contrapartes colombianas, han intensificado la vigilancia en puntos de ingreso internacional y continúan investigando la red de reclutamiento ilegal. En lo que va del año, 69 ciudadanos colombianos han sido repatriados tras detectarse indicios de vinculación con estructuras criminales.

Fuente: El país