Una jueza federal emite otra suspensión contra la reforma judicial en México, que desafía la publicación del decreto
Nuevo León.- Una magistrada federal emitió una nueva suspensión contra la reforma judicial en México que busca evitar que el Senado inicie el proceso de elección de jueces y magistrados federales, y prohíbe al Consejo de la Judicatura Federal entregar la lista de vacantes en juzgados y tribunales.
La jueza primero de Distrito en Materia Administrativa de Nuevo León, Andrea Génesis Alarcón Cortés, también bloqueó la eliminación de fideicomisos del Poder Judicial y la destitución de varios jueces y magistrados federales que impugnaron la reforma.
A diferencia de suspensiones anteriores, que buscaban detener la discusión y aprobación de la reforma, este amparo, con número de expediente 989/2024, desafía la publicación del decreto que establece su vigencia desde el 15 de septiembre. Uno de los actos impugnados es:
‘La iniciativa, promulgación y publicación del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reforma del Poder Judicial, publicado el 15 de septiembre de 2024, así como su régimen transitorio, específicamente los transitorios segundo, séptimo y décimo primero.”
La amplia suspensión provisional afecta a más de 10 actos de autoridad relacionados con el Senado, la Secretaría de Gobernación y el Consejo de la Judicatura Federal, pero no al Instituto Nacional Electoral.
Hasta ahora, ninguna de las suspensiones emitidas ha sido cumplida por las autoridades implicadas, desde el Congreso hasta el Presidente de la República.
La nueva suspensión a la reforma judicial en México
La nueva medida impide que el Senado convoque a elecciones para magistrados y jueces, y que el Consejo de la Judicatura Federal divulgue cualquier información sobre los jueces y magistrados en activo. También se protege a los jueces de cualquier destitución o sanción y se asegura la continuidad de sus salarios y prestaciones.
Finalmente, se prohíbe cualquier ataque o descalificación hacia los jueces y magistrados involucrados, con una audiencia programada para el 4 de octubre para decidir si se mantiene o revoca la suspensión. El constitucionalista Raúl Andrade ha pedido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que tome control de estos casos.
