El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó 13 casos de defraudación fiscal detenidos en el Poder Judicial, lo que significa una afectación a la Hacienda Pública de 129 mil 185 millones de pesos.

Entre la fecha de envío del caso por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) y el día de audiencia inicial otorgada por el Poder Judicial, en promedio el retraso suma 159 días. El Código Nacional de Procedimientos Penales obliga al Poder Judicial a efectuar el proceso en un plazo máximo de 15 días a partir de la solicitud de judicialización, explicó el mandatario en conferencia de prensa matutina.

En algunos casos, dijo, el Poder Judicial no ha otorgado una fecha de audiencia inicial, por lo que llevan pausados hasta dos años.

En apego al debido proceso legal, el mandatario no mostró los nombres de las empresas sino las actividades a las que se dedican: transportación aérea, refresquera, chatarrera, cementera, minera, dos despachos contable, legal y de manejo de nóminas, acerera, petrolera, alimenticia, gasolinera, equipo de fútbol y tiendas departamentales.

A manera de ejemplo, planteó el caso de una empresa de transportación aérea que, de acuerdo con datos del Servicio de Administración Tributaria (SAT), debe a la Hacienda Pública 33 mil 495 millones de pesos. El caso estuvo detenido por 195 días entre el 3 de octubre de 2022 y el 16 de abril de 2023.

A fin de corregir, agilizar y garantizar la impartición de justicia, el presidente reiteró que la reforma constitucional al Poder Judicial propone la elección por voto popular de jueces, magistrados y ministros. Abogadas y abogados, profesionales independientes de Derecho e incluso quienes ya se encuentran dentro del mismo poder podrán postularse.