Desde 2021, en Jalisco ocho hospitales atienden casos de interrupción legal del embarazo por las cuatro causales que, hasta septiembre, estaban permitidas en la ley, entre ellas la de violación sexual.
Guadalajara, México.- Expertas y agrupaciones feministas luchan para que el aborto sea una realidad en Jalisco, el tercer estado más poblado de México, tras la reforma que despenalizó el aborto hasta la semana 12 de gestación.
Las especialistas abogan para que la despenalización del aborto aprobada este mes en la entidad esté acompañada de una ley específica en la materia y una mejora en las prácticas de los hospitales que garantice que todas las mujeres y personas gestantes accedan a este derecho reproductivo.
Violeta Sandoval, abogada especializada en derechos humanos, dijo a EFE que a dos semanas de la reforma que permite el aborto hasta las 12 semanas de gestación en el Código Penal de Jalisco, hay una sensación de que la iniciativa se quedó corta y deja lagunas legales.
“Cumple con lo mínimo indispensable, que justamente era esta ampliación a las 12 semanas, homologarlo a lo que se establece en la Ciudad de México, con eso se despenaliza medianamente porque (el concepto de aborto) a final de cuentas sigue estando en el Código Penal, no se elimina como tal”, afirmó en una entrevista con EFE.
El Congreso de la entidad, una de las más conservadoras del país, aprobó el 4 de octubre eliminar el artículo que definía el aborto como delito y modificó otro de los apartados para permitir este procedimiento hasta las 12 semanas de gestación, además de agregar otras causales para excluir a las mujeres de cualquier penalidad.
Este cambio era obligatorio porque en abril un tribunal federal declaró inconstitucionales los artículos del Código Penal local que prohibían el aborto electivo y ordenó al Congreso local a eliminarlos.
Sandoval afirmó que, si bien esta decisión es un pequeño paso para garantizar los derechos sexuales y reproductivos, es necesario que el legislativo revise el artículo 4 de la Constitución del estado que reconoce la protección a la vida desde el momento de la fecundación y genera una ley específica en relación al aborto.
“Y más allá de las leyes, tenemos que hablar de cómo va a ser ahora la formación profesional de las personas que forman parte del sector salud, (y) una ley específica” que determine cómo se ofrecerá el servicio, señaló.
Objeción de conciencia
Desde 2021, en Jalisco ocho hospitales atienden casos de interrupción legal del embarazo por las cuatro causales que, hasta septiembre, estaban permitidas en la ley, entre ellas la de violación sexual.
No obstante, muchas de quienes acuden a las clínicas reciben negativas por parte del equipo médico para realizar el procedimiento, padecen interrogatorios o ecografías para obligarlas a ver el embrión, o les dicen que no hay médicos que realicen el aborto, denunció a EFE el sexólogo Alan Ortiz.
El médico laboró en instituciones públicas de salud y dijo que muchos profesionales de salud anteponen sus ideas personales a su función pública y se nombran objetores de conciencia, es decir, por razones éticas se liberan de la posiblidad de practicar abortos.
“Éramos (no objetores) yo y mi otra compañera que también estaba en el programa de aborto, una doctora y nada más", sostuvo el experto, quien denunció que obligaban a "algunos residentes" a firmar como objetores de conciencia para no realizar el procedimiento.
De acuerdo con una investigación del canal 44 local con datos obtenidos por transparencia, ocho de cada 10 médicos adscritos a las clínicas para la interrupción legal del embarazo apelaron a la objeción de conciencia, es decir, solo 10 están disponibles para realizar esta práctica en todo el estado.
Empatía y no violencia
Johana Sosa, de la colectiva ‘Marías anticoncepción’, en Lagos de Moreno, denunció que en ese municipio las clínicas públicas no atienden ni siquiera los casos de violación sexual.
Incluso, tanto el hospital regional como el de Tepatitlán, al que también acudían las mujeres, dejaron de ofrecer el servicio porque los médicos se negaban a interrumpir los embarazos.
“Lo mínimo que podemos esperar es que realmente se pueda garantizar este derecho y que las mujeres puedan recibir una atención digna, un trato digno, sin estigmas, sin violencia, sin prejuicios, al momento de ser atendidas”, concluyó Sosa.