Redacción / La Voz de Michoacán

Ciudad de México. La confrontación al interior del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por el apoyo al paro de labores de los trabajadores resuelto este martes, llevó al amago de un juicio político en contra de quienes apoyaron la medida.

En un posicionamiento, emitido tras la sesión privada en la que ocho integrantes de Pleno resolvieron que la Corte apoyará al paro en contra de la Reforma Judicial, las ministras Loretta Ortiz Ahlf, Yasmín Esquivel Mossa y Lenia Batres Guadarrama manifestaron que cabe la destitución del cargo, por abandonar sus funciones.

“El artículo 109, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) dispone que procede la imposición —mediante juicio político— de la destitución del cargo e inhabilitación para desempeñar cualquier otra función en el servicio público, a las Ministras o Ministros (entre otros servidores públicos) que en el ejercicio de sus funciones, ‘…incurran en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho’”, explicaron las ministras en un posicionamiento.

Agregaron que el artículo 110, fracción X, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (PJF) señala que incurre en responsabilidad la persona servidora pública que deje de desempeñar las funciones o labores que tenga a su cargo.

“No está prevista la figura del paro de labores a nivel constitucional ni legal para los titulares de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), es decir, mediante un acuerdo de las Ministras y Ministros”, indicaron Ortiz, Esquivel y Batres.

Destacaron que, en diversas resoluciones, la SCJN ha establecido que el personal de confianza no puede ni siquiera acudir a huelga.

“Por mayoría de razón, los titulares del máximo órgano de impartición de justicia, como las y los Ministros de esta Corte, no podemos suspender la prestación del servicio público que nos ha encomendado la CPEUM”, indicaron.

Ortiz Ahlf, Esquivel Mossa y Batres Guadarrama explicaron que, tras la sesión privada, se planteó que podía seguir trabajando a distancia para atender 28 proyectos distribuidos en el Pleno y más de 200 en las dos Salas del órgano autónomo.