Jorge Manzo, colaborador de La Voz de Michoacán

Michoacán ha sido el laboratorio experimental del gobierno federal para combatir a la delincuencia organizada. Desde hace casi dos décadas, ni con todo el poder y fuerza del Estado ha logrado la pacificación, y, por el contrario, los grupos delincuenciales siguen imponiendo su ley, pero ahora no sólo con el tráfico de drogas, sino recaudando recursos de manera ilegal a través del secuestro y el cobro de piso.

Si bien, durante el gobierno de Felipe Calderón se declaró la guerra a la delincuencia organizada con una ofensiva de seguridad, mientras que en el sexenio de López Obrador se optó por abandonar esa declaratoria, la realidad es que en Michoacán sigue el despliegue de fuerzas federales apoyando en labores de seguridad en Michoacán. El crimen de Carlos Manzo tiene en estado de alerta al gobierno de México, que ha depositado su capacidad en un plan que busca atacar las causas de la violencia.

Han pasado 19 años, y comenzó el sexenio del cuarto presidente de México. Han pasado siete gobernadores, y este domingo se presenta la nueva esperanza de que Michoacán recupere la paz y la tranquilidad.

Operativo Conjunto Michoacán, el primer rescate de Federación

Enero de 2006, hace casi 19 años, en Michoacán se puso en marcha oficialmente el primer rescate federal. El presidente Felipe Calderón visitó el cuartel militar de Apatzingán para anunciar el Operativo Conjunto Michoacán. Un año antes se habían registrado más de 500 asesinatos, lo que encendió las alarmas del Gabinete Nacional de Seguridad y confirmó el despliegue de fuerzas federales para atacar al crimen organizado que ya sembraba terror y pánico. El gobernador en ese tiempo era Lázaro Cárdenas Batel, arropado por el PRD.

“Vengo hoy como comandante supremo a reconocer su trabajo, a exhortarlos a seguir adelante con firmeza, entrega y a decirles que estamos con ustedes”, le dijo a la milicia reunida en la 43 zona militar, y prometió recuperar la paz y la tranquilidad de Michoacán. En ese momento, reconoció que la lucha no sería una tarea fácil rápida y proyectaba que tomaría mucho tiempo e implicaría enormes recursos de los mexicanos. A casi dos décadas, el flagelo de la criminalidad sigue azotando, pero ahora diversificado.

Calderón no innovaba en su estrategia para combatir a la delincuencia organizada. Su antecesor, Vicente Fox Quezada había instrumentado el operativo “México Seguro” para frenar los asesinatos en la frontera con los Estados Unidos. Asumió el michoacano la Presidencia de México en diciembre de 2006, es decir, unos meses después de iniciada su gestión abrió el fuego en contra de las bandas delictivas. Lázaro Cárdenas Batel inició su mandato como gobernador en 2002.

La Familia Michoacana disputaba el control del territorio en ese momento. En Uruapan se registró uno de los episodios más sanguinarios, cuando arrojaron cinco cabezas humanas en un centro nocturno, lo que despertó el terror en el estado. El problema parecía escalar de tono, por lo que el gobierno de Michoacán solicitó la intervención de la federación. Más de 7 mil elementos fueron desplegados a Michoacán, y ahí incluía en su gran mayoría al Ejército Mexicano. Las operaciones comenzaron un mes antes de que el mandatario federal acudiera al bastión de la tierra caliente a rendirle honores a los participantes en la embestida.

El Plan Michoacán surge a raíz de los grupos de autodefensa

En enero del 2014, hace casi 11 años, el gobierno de Enrique Peña Nieto enfrentó la crisis de seguridad que golpeaba a Michoacán, y nuevamente, como 8 años atrás, la tierra caliente era el foco rojo. El alzamiento de los grupos de autodefensa, derivado del poderío que había adquirido el crimen organizado, despertó la preocupación internacional. La primera decisión presidencial fue nombrar una Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán a cargo de Alfredo Castillo Cervantes.

Peña Nieto anunció el “Plan Michoacán, juntos lo vamos a lograr”, que incluía una serie de acciones para recuperar el territorio de las garras de la delincuencia organizada. Los Caballeros Templarios eran el grupo hegemónico, con bastión en la tierra caliente, pero su alcance llegaba a otros municipios. En aquel entonces, creían que el problema que enfrentaba el estado debía resolverse de manera integral. El plan contemplaba distintas acciones y garantizaba una inversión de más de 45 mil millones de pesos.

Pero el fondo de la intervención federal, además de ejecutar infraestructura y programas sociales, contemplaba atacar de manera directa a los grupos delincuenciales, por lo que se apoyaron de los grupos de autodefensa que se habían alzado en decenas de municipios, para ir deteniendo a los objetivos delincuenciales e “ir recuperando el territorio” que era controlado por la delincuencia; estaba infiltrada en estructuras de poder. Aprobaron la creación de la Fuerza Rural, que vendría a legalizar a los llamados “comunitarios”.

Se contó con fuerzas federales desplegadas. La llegada de la comisión, que tuvo poderes plenipotenciarios, llegó durante el gobierno de Fausto Vallejo Figueroa. Tras su renuncia, se nombró al entonces rector de la Universidad Michoacana, Salvador Jara, como gobernador interino.

En el relevo, Silvano Aureoles se extinguió dicha Comisión. El gobierno de Peña Nieto creía que no se debían escatimar esfuerzos, ni tareas, ni recursos para devolverle la tranquilidad a los michoacanos. Esa fue la encomienda que le asignaron a Castillo, sin embargo, más tarde, distintos sectores se alzaron debido a los excesos cometidos en esa era.

La ofensiva de AMLO, marcada por programas y más de 10 mil efectivos

La crisis de seguridad que experimentó Aguililla provocó el despliegue del gobierno federal a Michoacán durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Era insostenible, y puso en jaque al gobierno del estado, obligando a un nuevo rescate. La diferencia es que durante este sexenio la apuesta fue acercar programas sociales para atacar las causas que provocaban la inseguridad, que mantenía en guerra a grupos delincuenciales.

La furia de la delincuencia desató la destrucción de caminos, emboscó a un convoy de la Policía Estatal dejando 13 oficiales muertos, el asesinato del presidente municipal, y decenas de balaceras que obligaron a que las familias se desplazaran a otros municipios ante el riesgo de quedar en medio del fuego cruzado. El Cártel Jalisco Nueva Generación tenía el control territorial de esta región, ubicada en las colindancias con Apatzingán.

En 2019 se registró la peor emboscada a policías en tiempos recientes. López Obrador apenas comenzaba su sexenio, mientras que Silvano Aureoles Conejo iba por su cuarto año. De ahí, la crisis no paró y se agudizaba conforme transcurrían los años, hasta que en 2021 se anunció el plan pacificador de la cuarta transformación. Si bien el Ejército Mexicano ya estaba en las calles realizando funciones policiales, la narrativa era atacar con programas sociales las desigualdades sociales que vivían los habitantes de las zonas azotadas.

López Obrador afirmaba que tenía la tarea de pacificar Michoacán. Reconocía la complejidad del problema, y responsabilizó la herencia que se recibió de grupos delictivos que habían operado desde hace muchos años en la entidad. Se confirmaba su política de abrazos y no balazos y aclaraba que la ofensiva federal era sin declararle la guerra a ningún grupo. Él consideraba que Michoacán tenía un trato especial de su gobierno.

En ese tiempo, Michoacán contaba con más de 10 mil elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano desplegados en operativos policiales, es decir, 3 mil elementos más de los que trajo al estado Felipe Calderón durante el inicio de su ofensiva. A este equipo de seguridad se agregaron los casi mil 500 elementos de la Secretaría de Marina que realizaban funciones de protección en el puerto de Lázaro Cárdenas, que fue considerada una puerta de ingreso de metanfetaminas por parte de grupos delincuenciales, y ésta, una de las fuentes de financiamiento.

La nueva ofensiva federal para rescatar a Michoacán

La crisis de seguridad que vive Uruapan a raíz del asesinato del presidente municipal, Carlos Manzo, y los antecedentes por la ejecución del líder limonero, Bernardo Bravo, que despertaron la indignación social, han obligado al gobierno de México a una nueva ofensiva federal, pero ahora en el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Las estrategias, que también combatirán las causas que provoca la inseguridad como su antecesor, las han denominado “Plan Michoacán por la paz y la justicia”.

En diciembre se cumplirán 19 años de la primera estrategia federal para rescatar a Michoacán de la crisis de seguridad, que lejos de abatirse, se siguen padeciendo, pero con mayor letalidad debido a que se han ido diversificando los modus operandi de los grupos criminales, aunado al surgimiento de más de una decena de gavillas, que tienen sometidas a distintos sectores de la sociedad. La presidenta de México coincide con López Obrador y afirma que la seguridad no se sostiene con guerras, sino con justicia, con desarrollo y con respeto a la vida. Hoy se presentará el esbozo de las acciones que contemplan desplegar en el estado.

En el rubro de la seguridad, que en sí fue la que despertó la preocupación federal a raíz del asesinato de Carlos Manzo hace una semana, el gobierno de Sheinbaum establece el fortalecimiento de las fuerzas federales a través de operaciones conjuntas enfocadas a atacar los homicidios y la extorsión. Justo ambos delitos fueron denunciados por Manzo y Bravo. En Michoacán operará una oficina de la Presidencia de la República y estará en distintos municipios, sobre todo en Uruapan, en donde el alcalde denunciaba la presencia de grupos criminales merodeando a los habitantes.

El terror provocado por el asesinato del presidente de Uruapan en pleno evento público ha desatado la irritación social en ese municipio y en otros más del estado. El clamor es porque se esclarezca el crimen, aunque el autor material fue abatido durante el magnicidio. Sheinbaum y su gabinete han dedicado parte de su agenda para establecer las acciones que permitirán que en Michoacán se generen nuevas condiciones. El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla ha participado en dichas mesas de trabajo.