Juan Carlos Huante / La Voz de Michoacán

Morelia, Michoacán. El Gobierno de México alerta que en caso de que se elimine la prisión preventiva oficiosa en territorio nacional, 68 mil presuntos de delincuentes podrían quedar libres. De acuerdo con las cifras dadas a conocer la mañana de este martes por la titular de la Secretaría de Gobernación, Luis María Alcalde Luján, Michoacán se encuentra entre los estados que tendrían más afectación con esta medida.

En caso de eliminarse esta medida cautelar y automática, en la entidad michoacana se liberarían a 3 mil 315 presuntos delincuentes; ocupa la cuarta posición por debajo del Estado de México, con 21 mil 718 posibles liberaciones; Jalisco, con 8 mil 342 y Veracruz, con 4 mil 554.

Alcalde Luján desglosó que del total de 68 mil presuntos delincuentes que quedarían en libertad, 11 mil 639 enfrentan procesos por homicidio, 7 mil 149 por secuestro, 5 mil 617 por violación, 4 mil 13 por narcotráfico y narcomenudeo; 3 mil 800 por portación de armamento o explosivos, mil 405 por feminicidio, mil 273 por pederastia, abuso infantil y corrupción de menores, y 445 por delincuencia organizada.

El gobierno federal, que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, acusa que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) pretende invalidar el Artículo 19 de la Constitución y ordenar a todos los jueces del país que ignoren su obligación de aplicar la prisión preventiva oficiosa.

Justifica su señalamiento en que en enero de 2023, la Corte Interamericana de Derechos Humanos resolvió el caso de García Rodríguez y otro contra México, el cual determinó que el país debe adecuar sus leyes, incluyendo la Constitución para eliminar la prisión preventiva oficiosa por ser inconvencional.

La administración federal defiende que la Constitución establece en el citado artículo constitucional, segundo párrafo, que las personas acusadas de delitos que por su gravedad sean de alto impacto para la sociedad (como delincuencia organizada, narcotráfico, homicidio, secuestro, violación, feminicidio, tortura, trata de personas, pederastia, entre otros) deberán llevar su proceso en prisión, a fin de garantizar que el acusado comparezca en juicio y evitar que se dé a la fuga, así como para salvaguardar la seguridad de las víctimas y testigos.

La secretaria de Gobernación, durante la conferencia matutina de López Obrador, recalcó que eliminar la prisión preventiva oficiosa implica riesgos para la seguridad de testigos y víctimas, que son acusadores, para cuidarlas y que denuncien.

También para la seguridad de policías, personal de fiscalías y juzgadores; además, para la población en su conjunto, ante la posibilidad de que vuelvan a delinquir; para la seguridad nacional, pues se trata de presuntos integrantes del crimen organizado, y para el sistema de justicia, que tendría una carga de trabajo excesiva.

Finalmente, Luisa María Alcalde detalló las implicaciones que conlleva la intención de la Suprema Corte para la soberanía nacional, pues los Estados no renuncian a su soberanía ni a su derecho a autodeterminarse; para el principio de supremacía constitucional, pues un tratado internacional no puede estar por encima de la Constitución, y para la división de poderes, pues solo el Congreso de la Unión puede reformar la Constitución.