Morelia, Michoacán

Michoacán enfrenta un “panorama preocupante” en materia laboral durante 2026, con la conjunción de factores que van desde el aumento del salario mínimo en 13 por ciento este año hasta la revisión del T – MEC, expuso el abogado laborista Luis Fernando Rodríguez Vera.

Y es que el estado presenta una alta incidencia de la informalidad económica y una insuficiente organización de las empresas.

No obstante, aseguró que “hay posibilidades” para solventar estos retos, si las empresas y los trabajadores buscan y logran un equilibrio entre obligaciones y derechos, para alcanzar rentabilidad, productividad y sostenibilidad de las fuentes de empleo.

Entre los factores que afrontarán este año empresas y trabajadores en materia laboral, Rodríguez Vera mencionó la reforma judicial, por el ingreso de jueces que cuentan con simpatías, pero están en plena curva de aprendizaje, lo que se traduce en criterios nuevos y sentencias no previsibles.

“Lo importante es buscar no llegar a juicios, para reducir impactos”, expuso.

A partir de junio de 2025, entro en vigor la Ley Silla, que es la disposición de sillas ergonómicas para que los empleados tengan espacios de descanso en sus jornadas laborales, lo que requiere que las empresas hagan inversiones y adecuaciones en su infraestructura y operaciones.

Si bien el aumento en 13% del salario mínimo, a 315.04 pesos diarios, este año, beneficia a trabajadores en este rango de ingresos, también implica presión en los salarios de mandos medios y trabajadores con otros rangos de ingresos, al acortar la diferencia salarial.

Recordó que la proyección de la Federación es que en 2030 el salario mínimo sea de 491.34 pesos diarios, para adquirir 2.5 canastas básicas por persona por mes, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los trabajadores, pero sin tomar en cuenta otros factores, como la inflación, que llevan a la pérdida del poder adquisitivo del salario.

Así, poner en el aumento salarial la mayor carga de mejora de calidad de vida de los trabajadores, sin incidir en los otros factores, puede ocasionar tanto despidos de empleados como cierres de empresas, propiciando el trabajo precario y la informalidad económica.

Respecto de la reducción de la jornada laboral, Luis Fernando Rodríguez indicó que la meta es pasar de 48 a 40 horas semanales, con una disminución de dos horas por año a partir de 2027, sin afectar el salario y las prestaciones e, idealmente, la productividad, rentabilidad y sostenibilidad de las empresas.

Esto, mediante acuerdos entre empleador y empleadores sobre la distribución de las horas laborales y considerando que “más tiempo de trabajo no es sinónimo de más productividad, lo que se requiere es que las empresas cumplan con sus obligaciones y con los trabajadores ajusten sus procesos para eficientizar sus actividades, con la eliminación de distractores, aplicación de mecanismos como el teletrabajo y mayor tiempo efectivo de trabajo”.

Este año se llevará a cabo la revisión del T-MEC, donde México enfrenta quejas en materia laboral, por incumplimientos que representan competencia desleal.

“Michoacán enfrenta un panorama preocupante, no tiene un sector industrial fuerte y depende de la agricultura el comercio minorista y los servicios”, precisó.

Más aún, los gobiernos no ayudan a las empresas a hacer la transición, con estímulos e incentivos fiscales para las unidades económicas cumplidoras, lo que puede hacer que estas consideren despidos o cierre permanente.

Equilibrio para lograr la sostenibilidad

El despido de trabajadores o el cierre permanente de las empresas implica costes que varían en función de su tamaño, actividades y número de empleados, por lo que puede ser más rentable modificar la estrategia que instrumentan.

Esta estrategia pasa por que las empresas “se pongan la camiseta, no solo los trabajadores”, y cumplan sus obligaciones obrero patronales y fiscales, diversifiquen procesos y canales de comercialización, aprovechen la tecnología y promuevan, dónde sea viable, la exportación.

Por parte de los trabajadores, implica un compromiso de elevar la productividad de la jornada laboral, y recordar que son sujetos de derechos, pero también de obligaciones.

“Vemos trabajadores en actitud de exigir, porque cuentan con información desacertada, reclaman derechos que aún no corresponden y no proporcionan el cumplimiento de sus obligaciones”, expresó.

Y es que la meta es alcanzar un equilibrio entre los derechos de los trabajadores y la búsqueda de mejor calidad de vida, y la rentabilidad, productividad y sostenibilidad de las empresas.

“Veo ánimo, hay posibilidades, pero es necesario que empresas y trabajadores se esfuercen a la par”, reiteró el expresidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de Michoacán (TCAEM).