*El fiscal Carlos Torres Piña dijo que “no podemos permitir también que por el solo hecho de que sean jóvenes no pasa nada. Tiene que haber alguna sanción”.

Morelia, Mich. | Redacción.- Desde agosto del año pasado, la Fiscalía General del Estado ha llevado ante jueces 13 casos contra menores de edad involucrados en delitos de alto impacto, como homicidio y portación de armas de fuego, informó el titular de la institución, Carlos Torres Piña.

El titular de la FGE señaló que la medida responde a la participación de jóvenes en conductas delictivas graves y subrayó que no deben quedar sin consecuencias.

“No podemos permitir también que por el solo hecho de que sean jóvenes no pasa nada. Tiene que haber alguna sanción”, afirmó.

Explicó que la instrucción institucional fue procesar estos casos desde su integración.

“A partir de agosto, de judicializar todas las carpetas de aquellos menores infractores que estén involucrados en homicidios, en el tema de portación de armas de fuego y algunos otros delitos de alto impacto”, declaró.

No obstante, reconoció que la legislación vigente, en la Ley Nacional de Protección a Menores, limita las penas que pueden recibir los jóvenes infractores.

“Los menores de 16 años y mayores de 14 años no pueden alcanzar penas mayores de 3 años, y aquellos que son mayores de 16 años y menores de 18 años, no pueden alcanzar penas mayores de 5 años. Entendemos, pero hay que insistir”, sostuvo.

El posicionamiento se da después del homicidio de dos docentes de la preparatoria “Antón Makárenko”, en Lázaro Cárdenas, presuntamente perpetrado por un estudiante, lo que reactivó la discusión sobre el alcance de la responsabilidad penal para adolescentes.

Torres Piña insistió en que la Fiscalía busca que las sanciones sean más estrictas dentro del marco legal vigente.

“No podemos hacer vista gorda ante hechos que afectan gravemente a la sociedad, aunque la ley establezca límites en las penas”, dijo.

Finalmente, el fiscal indicó que las 13 carpetas judicializadas corresponden a distintos delitos considerados de alto impacto y que la institución continuará impulsando el seguimiento de estos procesos conforme a la normatividad penal aplicable.