El gobierno mexicano ha endurecido su ofensiva legal contra Genaro García Luna y su esposa, Cristina Pereyra, al solicitar a una corte civil en Florida que se dicte sentencia en su contra sin necesidad de juicio. La demanda alega que ambos utilizaron recursos ilícitos obtenidos en México para adquirir bienes en Estados Unidos, y busca la restitución de estos activos junto con una compensación económica.
La petición fue formalizada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ante la Corte del 11º Distrito Judicial, subrayando que los acusados han desoído múltiples citatorios desde el inicio del proceso en 2021. En su argumentación, la UIF sostiene que la inacción de García Luna y Pereyra constituye una admisión tácita de los cargos. Por ello, pide a la jueza Lisa Walsh que declare su desacato y proceda con un fallo en rebeldía. El documento resalta que la ley estadounidense permite resolver a favor del demandante cuando los acusados no se presentan a defenderse.
La investigación apunta a que García Luna desvió más de 250 millones de dólares a través de contratos gubernamentales fraudulentos durante su mandato como secretario de Seguridad Pública, fondos que posteriormente habrían sido canalizados hacia inversiones inmobiliarias y empresariales en Florida, en complicidad con su esposa y otros socios.
A pesar de que la demanda se inició hace más de tres años, García Luna actualmente preso en Estados Unidos por delitos de narcotráfico; y Pereyra no han respondido formalmente al proceso. Tras la retirada de su abogado en 2023, Pereyra quedó sin representación legal y ha incumplido con su obligación de comparecer.
Ante este escenario, la UIF considera que no hay razones para seguir aplazando la resolución y pide que se avance hacia la etapa final del caso. Si la jueza accede, México presentará pruebas adicionales para determinar el monto exacto del daño causado.
Otros implicados en el caso han optado por llegar a acuerdos extrajudiciales. José Francisco Niembro González, exsubsecretario de Seguridad Pública, y su esposa resolvieron su situación pagando 330 mil dólares. Los empresarios Samuel y Alexis Weinberg continúan negociando con la UIF para evitar un juicio prolongado.
La jueza Walsh ha advertido que no permitirá más demoras y ha urgido a todas las partes a concretar acuerdos o enfrentar las consecuencias legales.
Aunque en 2024 se reportó que Cristina Pereyra y sus hijos vivían cerca de Maryland, se desconoce su ubicación actual. Pereyra enfrenta en México cargos por lavado de dinero y delincuencia organizada, y aunque existe intención de solicitar su extradición, el proceso aún no se ha materializado.
Fuente: Milenio
