Horacio Erik Avilés Martínez*

Es tiempo de abrazar una visión de la escuela multigrado como una pedagogía situada de alto impacto. En Michoacán, debe ser reconocida como un laboratorio de innovación social donde se practica cotidianamente una pedagogía del encuentro, donde la colaboración intergeneracional es la norma, el aprendizaje entre pares la estrategia principal y la integración orgánica de los saberes del territorio el contenido más poderoso.

El horizonte que plantea este análisis es de justicia educativa territorial, en donde el código postal no determine la calidad del aprendizaje ni la voluntad docente tenga que sustituir a la política pública. Para llegar ahí, Michoacán necesita cuatro ejes estratégicos de acción, respaldados por el marco legal vigente, iluminados por las experiencias exitosas que ya existen en el país y sostenidos por la evidencia de que el multigrado bien dotado produce resultados equivalentes o superiores a los de escuelas urbanas convencionales.

Las cifras del ciclo escolar 2024-2025 hacen urgente actuar: más de 6,900 grupos multigrado en educación básica, cerca de 2,700 planteles sin directivo y una dispersión territorial que hace de la escuela multigrado la única opción real para cientos de miles de niñas y niños michoacanos. Estos datos son el mapa de la transformación que debe emprenderse.

La Ley General de Educación de 2019 ofrece el sustento jurídico para la transformación que proponemos. El Artículo 43 reconoce explícitamente la educación multigrado y establece obligaciones concretas del Estado: docentes capacitados para lograr el máximo aprendizaje, un modelo educativo con adaptación sociocultural pertinente, formación continua específica y condiciones materiales e infraestructura adecuadas. Cada una de estas fracciones es un mandato, no una aspiración.

El Transitorio Décimo Sexto de esa misma ley, que ordena superar de manera gradual la educación multigrado, debe ser interpretado desde un enfoque de derechos: superar el multigrado significa erradicar las condiciones de precariedad que lo convierten en una experiencia compleja.

Para transitar de la negligencia estructural a la justicia educativa territorial, Michoacán requiere una política multigrado de cuatro ejes articulados. Cada uno atiende una dimensión diferente del problema, y su eficacia depende de operar en simultaneidad: mejorar la didáctica sin cambiar la formación docente es inútil; transformar la formación sin garantizar permanencia docente en las comunidades es igualmente estéril.

1) Reforma a la Formación Docente: del aula urbana al territorio. Las escuelas normales de Michoacán deben incorporar, de manera obligatoria y sustantiva, trayectos formativos para el aula multigrado. Esto significa residencias prolongadas de al menos un ciclo escolar completo en comunidades rurales, donde los futuros docentes practiquen la planificación simultánea para varios grados, el trabajo con grupos de edades heterogéneas y la gestión del vínculo escuela-comunidad. La incorporación del curso Pedagogía y Didáctica del Aula Multigrado en el Plan 2022 es un inicio valioso, pero su implementación efectiva y profunda sigue siendo una tarea pendiente en la mayoría de las normales michoacanas. La SEP estatal debe supervisar y acompañar este proceso con indicadores verificables.

2) Innovación Curricular y Materiales Situados para Michoacán. Se deben desarrollar materiales educativos diseñados desde y para su territorio. No adaptaciones de los libros nacionales con nombres regionales; materiales genuinamente situados que integren la historia Purépecha, las lenguas originarias, la geografía de la Tierra Caliente, la Meseta Tarasca y la Costa, así como las prácticas productivas y culturales de sus comunidades. Estos materiales deben diseñarse para el trabajo por proyectos comunitarios, en consonancia con el enfoque de campos formativos de la Nueva Escuela Mexicana, y validarse con la participación de los propios docentes multigrado del estado. El portal nacional educacionmultigrado.sep.gob.mx puede ser un punto de partida, pero Michoacán requiere sus propios materiales educativos.

3) Justicia en Infraestructura, Conectividad y Liderazgo Escolar. El estado debe garantizar tres condiciones materiales básicas para sus planteles multigrado. Primera: conectividad satelital y energía solar en todas las escuelas rurales sin acceso a red eléctrica estable, pues la brecha digital es la nueva cara de la exclusión territorial, por lo que aísla a los docentes pedagógica y humanamente. Segunda: infraestructura digna, con espacios que permitan el trabajo por estaciones o rincones de aprendizaje que el modelo multigrado requiere. Tercera, y urgente: asignación de directivos en los más de 2,700 planteles que actualmente operan sin liderazgo directivo en los distintos niveles educativos. Ningún plantel escolar puede funcionar adecuadamente cuando su único docente es simultáneamente maestro, director, administrador y enlace comunitario.

4) Institucionalización de Redes Docentes y Permanencia Comunitaria. Los docentes multigrado michoacanos han construido, sin financiamiento público, redes de acompañamiento y formación entre pares que suplen lo que el sistema no ofrece. La Comunidad Multigrado Nacional y sus réplicas estatales son un testimonio de agencia colectiva que merece reconocimiento institucional. La autoridad educativa michoacana debe formalizar estos espacios, financiarlos con recursos etiquetados y convertirlos en los órganos reales de formación continua multigrado del estado. Adicionalmente, se requiere una política de permanencia docente en comunidades rurales: incentivos reales, condiciones de vida dignas y reglas de adscripción que desincentiven la rotación crónica que fractura la continuidad pedagógica.

La transformación del multigrado michoacano no requiere inventar desde cero. El saber pedagógico existe, acumulado en décadas de práctica docente, en los materiales del PEM 2005, en el modelo ABCD del Conafe, en el PAM de Puebla y en las redes docentes que ya operan.

La factibilidad presupuestaria es real. La inversión en formación docente especializada, materiales situados y conectividad rural no requiere recursos extraordinarios: requiere redirigir y etiquetar recursos que ya existen en el presupuesto educativo estatal.

El marco legal ya está dado. El Artículo 43 de la Ley General de Educación no deja margen de interpretación: el Estado está obligado a actuar. Lo que falta no es autorización legal, sino voluntad política y mecanismos de rendición de cuentas que hagan visible el incumplimiento.

Una política multigrado de estas características, sostenida con continuidad entre administraciones y respaldada por indicadores verificables, produce efectos en distintos niveles del sistema educativo michoacano.

En el microsistema del aula, la formación docente específica reduce la improvisación angustiante y la construye sobre bases pedagógicas sólidas. Los materiales situados hacen del territorio un recurso en lugar de un obstáculo. La tutoría entre pares, cuando el docente está formado para facilitarla, produce mejoras verificables en el logro de aprendizaje de todos los estudiantes del grupo, en especial de los más pequeños.

En el mesosistema de la relación escuela-comunidad, la permanencia docente fortalece el vínculo de confianza que hace posible la participación familiar en la vida escolar. Comunidades que confían en su maestra o maestro asisten, participan y sostienen. La rotación crónica destruye ese capital social; la permanencia lo multiplica.

En el macrosistema de las políticas educativas, la institucionalización de indicadores de cumplimiento del Artículo 43 hace visible lo que hoy permanece opaco. Si la autoridad educativa michoacana reporta anualmente cuántos planteles multigrado tienen directivo asignado, cuántos cuentan con materiales pertinentes, cuántos docentes han recibido formación específica y cuántos tienen conectividad, la rendición de cuentas se vuelve posible y la inacción tiene un costo político visible.

En el horizonte de mediano plazo, una Michoacán que dignifica su multigrado construye un sistema educativo más justo, más pertinente y más resiliente. Construye comunidades con mayor cohesión social alrededor de sus escuelas. Construye docentes que permanecen, que crecen profesionalmente y que se convierten en referentes pedagógicos en lugar de funcionarios en tránsito.

La toma de decisiones sobre el multigrado michoacano debe guiarse por una comprensión sistémica del fenómeno. Una mejora en la didáctica del aula es inútil si no hay cambios en las políticas de formación docente. La formación docente es insuficiente si no hay condiciones materiales que permitan aplicar lo aprendido. Las condiciones materiales son inaccesibles si no hay recursos presupuestales etiquetados. Y los recursos no se asignan si no hay una decisión política clara respaldada por indicadores de cumplimiento.

Por eso la política multigrado michoacana debe ser ecosistémica: atender simultáneamente la dimensión pedagógica, la organizativa, la político-institucional y la tecnológica. Solo una intervención que actúe en todos los niveles del sistema puede romper la inercia del abandono histórico. Las intervenciones parciales, por bien intencionadas que sean, se diluyen en la estructura que no fue transformada.

El camino para Michoacán está trazado por la evidencia acumulada, por el mandato legal vigente y por la voluntad de miles de docentes que ya están construyendo, en condiciones adversas, la pedagogía del futuro. Lo que hace falta es que la autoridad educativa del estado decida caminar con ellos en lugar de observarlos desde lejos.

Fortalecer la educación es una decisión política de alto nivel sobre el tipo de sociedad que queremos construir. Las autoridades educativas del estado tienen ante sí la oportunidad histórica de transformar una deuda estructural acumulada durante décadas en un estandarte de vanguardia pedagógica. De convertir a Michoacán, uno de los estados con mayor densidad de escuelas multigrado del país, en el laboratorio de innovación educativa que el territorio y su gente merecen.

Los ejes estratégicos propuestos en este análisis son acciones concretas, respaldadas por experiencias exitosas, exigidas por la ley y demandadas por la realidad de más de 6,900 grupos multigrado que en este ciclo escolar atienden a cientos de miles de niñas y niños michoacanos. Cada día que pasa sin una política pertinente es un día en que el heroísmo individual de los docentes rurales sustituye lo que debería ser una política de Estado.

El multigrado en Michoacán ya existe, ya funciona y ya sostiene el derecho a aprender de los niños más olvidados del estado. La tarea de esta administración es dejar de ser espectadora de la resiliencia docente y convertirse en el motor de su dignificación. Fortalecer el multigrado es fortalecer la médula espinal de la educación pública michoacana. No es una concesión graciosa a las comunidades pobres. Es el cumplimiento de un imperativo categórico de justicia educativa. Es hora de volver la mirada al multigrado michoacano con la dignidad, el rigor y el compromiso que sus maestros, sus familias y, sobre todo, sus niñas y niños demandan desde hace demasiado tiempo.

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*Doctor en ciencias del desarrollo regional y director fundador de Mexicanos Primero capítulo Michoacán, A.C.