Rubén Moreira Valdez / La Voz de Michoacán

Hay grandes razones para oponerse a la reforma al Poder Judicial: 1) La narrativa del dictamen no corresponde al resultado que tendrá la supuesta reforma; 2) no es democrática, ni justa, ni prudente; 3) es un riesgo para el Estado mexicano; 4) es inoperante; 5) lesiona el pacto federal; 6) no representa mejorar la calidad de las resoluciones; 7) es un peligro para la protección de los derechos humanos y 8) permite la intromisión de poderes fácticos. 

Cambiar el mecanismo de selección de juzgadores no garantiza la justicia, ni pronta ni mejor. México es un país con pocos jueces, apenas .33 por cada 100 mil habitantes, y si sumamos a los locales se eleva a poco más de 3. El promedio ideal sería de 18 por cada 100 mil.

Los juzgados están saturados, a nivel local, falta personal y los sueldos son bajos. Además, la reforma no contempla mejorar el ministerio público local, el sistema de peritajes, la defensoría de oficio y ejercicio de la abogacía.

Los redactores de la iniciativa no se han percatado de la limitada discrecionalidad de los jueces. Estos tienen que atender criterios, precedentes, jurisprudencias y tratados internacionales. Incluso, en materia penal, ahora tenemos un sistema que extrema las garantías y sobre todo la presunción de inocencia. No es válido descalificarlos antes de conocer cómo se construye una resolución.

Es inexacto que con la reforma el ciudadano elegirá a los juzgadores, en todo caso los va a tratar de seleccionar entre inmensas listas de candidatos elaboradas bajo la influencia de un partido. No es popular, ni democrática, porque no hay un elemento objetivo que determine quienes serán los candidatos. No se plantean los exámenes de oposición y esto deja fuera a los más aptos.

Por otro lado, la reforma es imprudente. No hay referencia en el mundo a un proceso como el que se pretende instaurar. Esa “innovación” se convierte en un riesgo para un país con el tamaño del nuestro.

La reforma, de concretarse, nos llevará a una crisis institucional. En las redes he subido información sobre el número de boletas y la conformación de las mismas. Pongo un ejemplo, en la CDMX, en el 2025, se pondrán frente al elector cuando menos 25 boletas, en donde encontrará 4,125 nombres para seleccionar y escribir 640.

Otro ejemplo, una entidad como Nuevo León, que tiene comicios para gobernador, ayuntamientos y diputados. Si lleva la elección de los juzgadores al 2027, tendrá 21 boletas. Ya se imaginarán el número de candidatos y la enorme confusión que nos espera.

La iniciativa se inmiscuye en el régimen interior de las entidades. Es una continuación de las políticas neoliberales y conservadoras que tienen varias décadas quitándoles facultades. De seguir así las cosas, México se convertirá en la república centralista que añoraba Lucas Alamán.

La reforma en materia de derechos humanos del año 2010 y 2011 se encuentra en peligro, no solo advierto el interés de desmantelar el artículo 1° de la constitución, también de frenar el control de convencionalidad y la presunción de inocencia.

No quiero dejar de señalar que la reforma permite la intervención de poderes fácticos, entre ellos el capital y la delincuencia organizada. Esta iniciativa, por otra parte, dañará la libre competencia, la independencia y la imparcialidad.

Agárrense, quieren tirar el agua de la bañera con todo y niño.