Fue rechazada la demanda de que intervengan otras comisiones, sólo revisará Puntos Constitucionales; Debate intenso sobre reforma a la UMSNH para garantizar un proceso transparente y bien fundado.
El Congreso de Michoacán comenzó a analizar la propuesta del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla para la reforma a la Constitución local, en relación con la
El proceso generó cuestionamientos por parte de algunos diputados, quienes consideran que podría aprobarse de manera apresurada. Fue el caso de Reyes Galindo Pedraza, coordinador parlamentario del PT, denunció que se pretende firmar el dictamen en un plazo de 24 horas.
De acuerdo con el legislador, este apresuramiento limitaría el debate y análisis profundo que una reforma de este tipo requiere. Subrayó la importancia de escuchar a los distintos sectores involucrados y no permitir una aprobación sin discusión responsable.
Baltazar Gaona, diputado del mismo partido, respaldó esta postura y solicitó que el documento sea turnado también a la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, dado el impacto presupuestal que implica.
Otros legisladores, como Antonio Salas Valencia del PAN y Diana Mariel Espinoza Mercado del PT, coincidieron en la necesidad de ampliar el análisis, sugiriendo que la iniciativa sea revisada también por las comisiones de Gobernación y Trabajo y Previsión Social, así como la de Educación, considerando las repercusiones administrativas y laborales de la reforma.
Emma Rivera Camacho, presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, reconoció que no hay presión para dictaminar rápidamente, y aseguró que se evaluará si existen las condiciones necesarias para proceder en la reunión de trabajo programada para el viernes.
Finalmente, tras un breve receso solicitado por Marco Polo Aguirre Chávez, el presidente de la Mesa Directiva, Juan Antonio Magaña de la Mora, autorizó que la reforma al artículo 143 de la Constitución fuera turnada únicamente a la Comisión de Puntos Constitucionales.
La propuesta tiene como objetivo mejorar la , pero los legisladores insisten en que el análisis no debe apresurarse para evitar cuestionamientos sobre la legitimidad del proceso.
