Los autónomos otra vez a debate

Yurisha Andrade Morales*

En otras aportaciones para este portal he reflexionado sobre la naturaleza de los órganos constitucionales autónomos y el rol que les corresponde en el funcionamiento del Estado mexicano. Se trata de instituciones creadas para cumplir funciones esenciales en organizaciones estatales democráticas, se incorporaron a la Carta Magna separándolos de los poderes tradicionales, no forman parte del Ejecutivo, legislativo o judicial; cumplen con imparcialidad funciones que en manos de dichos poderes no tendrían la confianza ciudadana y que, además, requieren de altos niveles de especialización.

            La década de los noventa registra la generación pionera con la creación del Instituto Federal Electoral (IFE-INE), el Banco de México y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Más adelante, en la segunda generación, entre otros, con el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica (INEGI), la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el Instituto Nacional de Evaluación de la Educación (INEE), el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y la Fiscalía General de la República (FGR). En este breve listado, habrá que agregar a las instituciones que en cada entidad federativa se encargan de funciones similares, pero en el ámbito local, como son los órganos electorales, comisiones de transparencia y de derechos humanos.

            Como acontece con todas las instituciones que ejercen recursos públicos, los organismos autónomos deben ser diagnosticados y evaluados en cuanto a sus estructuras administrativas, mecanismos de funcionamiento y cumplimiento de sus atribuciones, a efecto de mejorarlos y volverlos menos onerosos, más cercanos a la sociedad y más transparentes en su desempeño cotidiano.

            Justo por su relevancia, las modificaciones o transformaciones que tengan deben provenir del consenso entre actores políticos, académicos y funcionarios que colaboran en ellos. No obstante, la semana pasada se dieron a conocer los proyectos de dictamen que preparó la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados sobre algunas de las iniciativas de reformas propuestas por el Presidente de la República el pasado 5 de febrero, las cuales podrían deliberarse y aprobarse una vez que se instale la nueva legislatura el 1 de septiembre próximo.

            En materia de organismos constitucionales autónomos, los proyectos contemplan, entre otros ajustes, que las atribuciones a cargo de la COFECE se trasladen a la Secretaría de Economía; que las funciones del Instituto Federal de Telecomunicaciones se incorporen a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes; mientras que las que corresponden al Consejo Nacional de Hidrocarburos y a la Comisión Reguladora de Energía, se trasladen a la Secretaría de Energía; las del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) al INEGI; mientras que las del Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación, pasen a la SEP.

            En el caso del INAI sus atribuciones pasarían a lo que se considera será el nuevo INEC (Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, aunque la reforma electoral no está incluida en este paquete), a la Secretaría de la Función Pública y a otro organismo que podría provenir de la reforma al Poder Judicial, que es el Tribunal de Disciplina Judicial.

            Se trata de reformas constitucionales de gran calado, que junto con la reforma judicial y, en su caso, la posterior reforma electoral, implican una profunda transformación del Estado mexicano y de los principios que lo rigen. Diversos controles al ejercicio del poder construidos en los últimos treinta y cinco años podrían eliminarse, dejando que las propias estructuras del gobierno determinen cómo se evaluará la educación en nuestro país, qué información se entregará a los particulares y cuál no, a qué empresas se otorgarán concesiones y a cuáles no y así en todos los temas.

            Más allá de la postura ideológica de cada persona, es propicio informarnos sobre los contenidos de las iniciativas, de los mecanismos de su deliberación y de los posibles efectos que su aprobación traería para nuestro país y cómo impactarían nuestro entorno particular y el de nuestra democracia. 

*Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán

@YurishaAndrade