Horacio Erik Avilés Martínez
Las autoridades educativas estatales han emprendido una campaña de difusión en pro de alcanzar un ciclo escolar 2024-2025 completo.
Se trata de un llamado natural y positivo que debería de sumar a la unanimidad de los agentes educativos y a la opinión pública. Difícilmente podría concebirse atentar contra la regularidad de los servicios educativos que brinda el gobierno estatal a un millón 267 mil estudiantes.
Sin embargo, hay quienes fijan una postura oposicionista desafiante ante tan noble objetivo en aras de obtener beneficios particulares, sin importarles las consecuencias que tal posicionamiento genera aún antes de cumplirse la amenaza.
Sabemos que, alcanzar un ciclo escolar completo no es fácil, porque se debe de contar con todo lo indispensable para que se cuenten con condiciones dignas para que, los servicios educativos se brinden integralmente desde el arranque: en todas las aulas, escuelas, comunidades y municipios de Michoacán. Es decir; un ciclo escolar completo inicia contando con infraestructura, equipamiento, conectividad, maestros, plantilla de personal, estudiantes, materiales educativos, libros de texto gratuitos y programas de apoyo socioeducativo completos para todos, principalmente.
Conociendo lo anterior, debe ponderarse el inmenso esfuerzo logístico y en materia de planeación que implica lograr disponer lo necesario y suficiente en más de 13 mil centros escolares distribuidos en 113 municipios. Pero, también, para quienes deseen bloquear el ciclo escolar completo, si se tiene en cuenta todo lo anterior, resulta sencillo disponer mecanismos para impedir que se alcance el objetivo institucional planteado.
Si bien, de inicio suena inaceptable y perverso emplear la educación de las niñas, niños y jóvenes en la entidad, algunos grupos de la Sección XVIII de CNTE ya han amenazado con suspender labores educativas desde el próximo lunes 26. Pasar por encima del repudio, ilegalidad y las posibles sanciones que recibirían quienes perpetren tales actos, implica poseer razones e intereses muy fuertes como para llegar al extremo de bloquear el inicio del ciclo escolar, por lo cual no dudemos que así lo intenten. Veamos algunas de ellas.
Político-electorales. Una vez transcurrida la elección del pasado 2 de junio, en este proceso de transición seguramente buscarán los líderes gremiales que participaron a favor de alguna fuerza política cobrar los favores realizados a través de la recepción de cargos públicos, plazas y gestoría de recursos. Obtenerlas no es una acción automática, ya que implica realizar acciones para refrescarles la memoria a los ganadores de las elecciones, en aras de que cumplan con los compromisos entablados, lo cual puede afectar severamente la regularidad del sistema educativo estatal, por implicar la movilización de personal, el abandono de las labores educativas y la realización de exhibiciones de capacidad de movilización.
Normativas. En este momento histórico en el cual se ha anunciado la desaparición de USICAMM se vislumbra que adueñarse de su extinción y la inminente creación de algún nuevo organismo representa un inmenso botín, por lo cual, las autoridades federales deben de cuidar sobremanera el proceso de transición de la USICAMM hacia un nuevo organismo, porque en ese camino pueden suscitarse presiones en pro de hacerse del control del ingreso, permanencia y promoción de los docentes en México, por parte de los grupos de interés. Es un hecho que en Michoacán se gestarán y también se operarán varias maniobras en pro de decantar las decisiones gubernamentales en la materia, tanto en lo que respecta a la construcción del nuevo marco normativo como en el proceso de construcción de las políticas públicas respectivas, lo que incluye la asignación presupuestal y de personal para tases efectos. No descartemos que en la Ciudad de México se reciban visitas de cortesía por parte de personajes, grupos y representaciones enteras provenientes de nuestra entidad federativa en los próximos meses. Así también, en caso de que se retome milagrosamente el tema de la construcción de la ruta institucional y normativa para la federalización de la nómina educativa, también se generarán nichos de oportunidad para que los actores movilizados busquen incidir en el diseño y ejecución de tal política pública, así como en su respectiva presupuestación.
Tráfico de influencias, corrupción y delincuencia. El abuso del poder en beneficio propio no ha terminado de abandonar el sistema educativo estatal, razón por la cual las redes de tráfico de espacios y plazas educativas, de esquemas fraudulentos de ofrecimiento de estos recursos a la población en general, así como redes de extorsión, cobro de cuotas y control delincuencial de actividades educativas no se ha ido del todo. Las presiones que ejercen para colocar a personas que ellos recomiendan en espacios educativos determinados son cotidianas, así como sus afanes por ampliar el número de plazas creadas, así como por contratar temporalmente a personal que ellos mismos proponen, para remediar la ausencia de maestros en las aulas, fenómeno también provocado por el ausentismo de los comisionados de cada una de las expresiones de la CNTE. Paralelamente, también podría ser el caso de que a través de ciertos personeros gremiales existiese vinculación con redes de corrupción y delincuenciales, quienes, a su vez, maridados con autoridades educativas o personal administrativo en oficinas centrales estarían operando aún actividades delictivas. Ya existe casuística al respecto, donde incluso se ha derramado sangre en plenas oficinas de la SEE o afuera de ella, por lo que no se descarta continúen presentes intereses de esta índole al interior de la educación estatal. Amenazar sus poderosos intereses podría implicar, a su vez, la generación de reacciones que atentasen contra la regularidad educativa estatal.
Organizacionales. Sabemos que las circunstancias al interior de varios de estos grupos que emplean las siglas de la CNTE en Michoacán de Ocampo no son del todo favorables. Primeramente, el pago puntual a la inmensa mayoría de los trabajadores de la educación en la entidad ha desactivado el principal resorte que tenían para convocar a las movilizaciones masivas, paros indefinidos y marchas multitudinarias que tanto poder de personería les brindó en años pasados. Por otra parte, si bien se sabe que varios de estos grupos tienen ya representantes en la estructura gubernamental. Por ende, los grupos han tendido a debilitarse, a fraccionarse y a sufrir de inanición. Entonces, la realización de acciones de presión contra las autoridades y arrebatarles recursos se convierte en un asunto de supervivencia organizacional.
Gubernamentales. En el marco de la transición gubernamental que se vive en la nación, seguramente buscarán colocarse de mejor manera en puestos clave los dueños de las franquicias centistas, a quienes la participación en movimientos político-electorales les ha favorecido con la recepción de cuotas que van desde plazas y espacios en el sector educativo hasta nombramientos en la estructura gubernamental e incluso, cargos de representación popular en el poder ejecutivo y en el legislativo, tanto estatal como federal, ya sean de mayoría o de representación proporcional.
Escolares. También se sabe que, en muchos planteles se busca sostener y perpetuar el control de la monetización de cada proceso al interior de ellos, así como tener el control de la cooperativa, de las cuotas mal llamadas voluntarias y de los apoyos de programas como La Escuela es Nuestra son cuestiones que subyacen en los pliegos petitorios y mesas de negociación, demandas que deben ser satisfechas a plenitud con permisividad y laxitud ante tales actitudes.
Personales. Los voceros y los apoderados que se sientan en las mesas de negociación a nombre de los trabajadores de la educación aglutinados bajo algún color de la CNTE suelen realizar doble negociación: la del pliego petitorio que conocen sus representados y una agenda personal en donde piden favores especialísimos para privilegiar a familiares, clientes y socios. Por ello, suele haber negociaciones que se rompen súbitamente y actitudes de los voceros de las expresiones gremiales totalmente cambiantes. Y también, cuando no se les brinda la oportunidad de negociar su propia agenda suele ser un causal para la escisión y creación de otra expresión centista más.
¿Y los derechos de las niñas, niños y jóvenes por qué no aparecen en el discurso centista? Juzgue usted si están los derechos educativos de sus hijos al centro.
De esta manera, se muestra que existen motivaciones de diversa índole, con legitimidad, validez moral, magnitud, trascendencia, rentabilidad e impactos heterogéneos para que la CNTE se movilice en pos de alcanzar sus objetivos, sin que pese la legitimidad ni la honestidad de los medios para alcanzarlos, por lo cual no vacilan en amagar con boicotear el arranque del ciclo escolar, a pesar de la inminente afectación que ello constituiría para los derechos educativos de más de un millón de estudiantes en la entidad federativa.
En suma, hay muchas poderosas razones por las cuales puede haber protestas, movilizaciones y chantajes; por lo cual es altamente probable que haya interrupciones en el arranque del ciclo escolar el próximo lunes, pero estas distarán de ser totales.
Estemos atentos, reportemos los planteles que incurran en irregularidades y exijamos que el ciclo escolar sea completo, en toda la extensión de la palabra. El arranque del ciclo escolar solamente estará completo contando con toda la plantilla de personal, sin importar afiliaciones gremialistas de cada uno de los trabajadores de la educación.
La autoridad no debe ceder la rectoría del sistema educativo a los grupos de interés. En contraste, las causas que sí sean legítimas y que respondan a derechos laborales o a situaciones socioeducativas, sí que deben atenderse a la brevedad para poder arrancar debidamente.
Mientras tanto, la autoridad establecida debe de trabajar redobladamente para garantizar la gobernabilidad en el sector educativo, dimensionada por su efectividad, por la legitimidad alcanzada entre los actores y la estabilidad, carencia de efervescencia, estando avocados a conseguir las metas institucionales, a cumplir con el llamado constitucional y vocacional para con las generaciones en formación. A su vez, gobernabilidad, efectividad gubernamental, legitimidad, estabilidad política y razón de estado son parámetros de la posesión de la rectoría del sistema educativo estatal, por lo cual estamos a tiempo de presenciar la generación de condiciones, del lanzamiento de políticas públicas que arropen el arranque del ciclo escolar.
Es tiempo de materializar el discurso, de demostrar la posesión de la rectoría educativa y la construcción de un piso de gobernabilidad firme y duradero. Michoacán y sus generaciones jóvenes merecen un ciclo escolar completo a cabalidad, por encima de intereses particulares.
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Doctor en ciencias del desarrollo regional y director fundador de Mexicanos Primero capítulo Michoacán, A.C
