La debilidad de un proceso electoral surge cuando el número de electores que participa en el proceso es mínimo respecto del total de electores registrados, generando con ello una falta de legitimidad del candidato que resulta electo por esa minoría; la segunda vuelta o balotaje, consiste en una segunda votación que se lleva a cabo entre los dos candidatos más votados en la primera, cuando ninguno ha obtenido la mayoría requerida.
El balotaje es una institución electoral que surge en Francia en1852, aplicada en un principio solamente a las elecciones de diputados y posteriormente fue aplicada a la elección presidencial nacional, de esta segunda vuelta surge un representante con mayor legitimidad y capacidad de gobernabilidad, respecto de una única elección sin mayor restricción del número de votantes; en América Latina las segundas vueltas han tenido relación en países con una transición democrática luego de haber tenido distintas dictaduras militares; México mantiene a la fecha elecciones únicas, la última elección de impartidores de justicia denota la necesidad de legislar al respecto, para dotar de legitimidad al candidato que resulte electo por una mayoría determinada de más de un 40% o un 50% del electorado.
La aplicación de la segunda vuelta en México estuvo vigente a partir de 1996 en el estado de San Luis Potosí hasta 2005, fecha en que se deroga de la Ley Electoral de la Entidad, bajo el supuesto reclamo público para la reducción de costos electorales.
El fin del llamado partido único (hegemónico) o partido de estado en el año 2000, debió venir acompañado de reformas electorales que permitieran contar con candidatos electos debidamente legitimados, la omisión nos llevó a repetir el inicio de otra era nacional con un nuevo partido oficial dieciocho años después, iniciando su permanencia absoluta de los poderes de la unión bajo un supuesto sistema democrático, tomando decisiones bajo una mayoría legislativa artificial para asaltar a la nación.
Lo cierto es que, de un padrón de 99 millones 793 mil 821 ciudadanos, solamente participaron en la pasada elección de impartidores de justicia 13 millones de personas, de donde los votos nulos superaron los emitidos válidamente; la interpretación es inobjetable, la gran mayoría de los electores reprobaron la -inconstitucional e inconvencional- elección. @lvarezbanderas
