Por José Luis Montañez

En días pasados, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, aprobó en lo general la reforma constitucional al Poder Judicial Federal, reservando para la discusión en estos días más de 300 votos particulares y la aprobación por el Pleno, que habrá de retomarse a partir del 3 de septiembre –ya con la nueva legislatura-, antes de pasar a su discusión y aprobación por la Cámara de Senadores.

Entre los puntos destacados que integran el dictamen en lo general, se observan avances y modificaciones estructurales a la conformación y funcionamiento del Poder Judicial, cuya justificación es fortalecerlo, para garantizar una mejor, más expedita y transparente impartición de justicia, por los tribunales responsables de hacer justicia en México, con mayor probidad, independencia y sobre todo, legitimación política y social.

Así podemos celebrar por ejemplo que, la integración de la Suprema Corte de Justicia pasará de 11 a 9 ministros y que su duración no podrá exceder los 12 años, con un salario digno, que tampoco podrá ser superior al de la próxima Presidenta de la República. Además de ello, se incorpora un elemento democrático fundamental, que es la inclusión y apertura para que cualquier mexicano, – que cumpla los requisitos legales- pueda ser propuesto para ser juzgador, esto es siempre y cuando posea título de Licenciado en Derecho, tenga ciertos años de experiencia profesional y haya obtenido un promedio de 8 en Licenciatura o de 9 en el postgrado o especialidad, en materias afines al puesto para el que se postula.

Este requisito no sólo garantiza la condición de la profesionalización en la impartición de la justicia, sino que permite a los “excluídos del sistema judicial”, aquellos que no han podido formar parte de la judicatura federal, por no ser parientes o cercanos a los integrantes actuales del Consejo de la Judicatura, participar en igualdad de condiciones por un lugar que garantice su ingreso al Poder Judicial. Estos aspirantes, por supuesto que serán evaluados por una comisión externa de especialistas, que habrán de avalar su idoneidad para el puesto, que reducirán la lista de aspirantes, para que participen sólo los de mejor perfil y que los pondrán a consideración de los Poderes del Estado, para que sean estos quienes los propongan de acuerdo al número establecido en la constitución – 9 candidatos por cada puesto de Ministro, magistrados electorales y del Tribunal Disciplinario y 6 por cada puesto de magistrados de circuito y jueces de distrito, en éste último caso, se incluye además, a los juzgadores en funciones que deseen participar, porque de forma directa e inmediata, se convierten en candidatos para la elección-.

El punto más importante de la reforma sin embargo, -y también el de mayor discusión-, es el relativo a la elección de Ministros, Magistrados y Jueces por votación popular, esto obligará a que se nombre en una elección extraordinaria en el año 2025, a la totalidad de los Ministros, Magistrados del Tribunal Disciplinario y 2 magistrados electorales de la sala superior, así como el 50% de magistrados y jueces de distrito, pues el restante 50% será elegido en la elección ordinaria del 2027, con la idea de hacerlo escalonado.

Dos puntos a destacarse de la reforma de mérito, es la designación de juzgadores interinos, según los resultados de la votación, entre los candidatos participantes, y ya no, por designación de alguno de los poderes del Estado o del propio consejo de la Judicatura o del ahora llamado Órgano de Administración Judicial; el otro punto es el relativo a la Carrera Judicial tan polémica, pues esta permanece al igual que la Escuela Federal de Formación Judicial, que ahora, además, tendrá en responsabilidad la formación, capacitación, evaluación, certificación y actualización del personal del carrera Judicial y administrativo del Poder Judicial Federal, así como del personal de los poderes judiciales locales, fiscalías, defensorías públicas, organismos de derechos humanos, instituciones de seguridad pública y público en general, en su caso.

Otro punto toral en esta reforma, es lo relativo a los derechos laborales de los trabajadores del Poder Judicial y el destino de los poderes judiciales locales. En este sentido, los transitorios décimo y octavo de dicho dictamen, respectivamente, han sido enfáticos en reiterar que los derechos de los trabajadores serán respetados en su totalidad, a pesar de la extinción de los fideicomisos; mientras que en el caso de las entidades federativas, estas contarán con 180 días para la adecuación de sus constituciones locales y hasta la elección del 2027, para la renovación total de sus jueces y magistrados estatales.

Sin embargo, a pesar de no advertir violación constitucional o a los derechos humanos de los trabajadores e integrantes del poder judicial federal, hoy los poderes fácticos y las fuerzas reaccionarias de la derecha nacional e internacional han sacado toda su artillería mediática y política, para frenar la consabida reforma, que sin duda será aprobada en su mayor parte.

En el ámbito nacional, por ejemplo, los ultraconservadores políticos y judiciales, han parado injustificadamente las labores de administración de justicia, desde el pasado 19 de agosto, en todo el país, violando el derecho humano y constitucional de 130 millones de personas de acceso a la justicia, tratando de justificar en un acuerdo del pleno del Consejo de la Judicatura, que sólo se resolverían los asuntos urgentes o graves; la incongruencia es, que esos “asuntos urgentes”, quedan a discreción de los propios ministros y miembros de la judicatura federal, pues qué de “urgente” tiene el hecho de haber admitido, la Suprema Corte de Justicia, en pleno paro de labores, un recurso de impugnación a un crédito fiscal, promovido por Ricardo Salinas Pliego, Presidente del Grupo TV Azteca, Banco Azteca y Elektra, entre otros, para seguir evadiendo el pago de sus impuestos por el orden de los 1, 431 millones de pesos, con el consentimiento judicial, que se suman a los más de 67 mil millones de pesos que adeuda en impuestos al SAT por 13 créditos fiscales. La respuesta es evidente, sigue existiendo complicidad y maridaje entre el poder judicial y los 57 grupos económicos más poderosos de México, para proteger sus intereses. ¿No será más urgente resolver los más de 100 mil casos pendientes, del resto de los mexicanos, o será que en la administración de justicia también hay privilegios?

Otra respuesta de los poderes fácticos, la tenemos todos los días en los medios de comunicación nacionales y locales, que se empeñan en denostar y hasta descalificar la reforma judicial, con sus noticias y argumentos de la industria cultural que han creado (Adorno y Horkheimer) o con su videopolítica (Sartori), para intentar confundir y formar una opinión popular o social en contra de la reforma.

Más aún, ahí tenemos esa ultraderecha prianista que hoy se opone injustificadamente a la reforma, bajo el argumento de una supuesta vulneración de la independencia del poder judicial y que opera todos los días desde los partidos, las Cámaras, sus representantes populares y sus ideólogos de derecha, que son por cierto, los mismos, que votaron y justificaron la reforma judicial de 1994, impulsada por Ernesto Zedillo, como una supuesta “respuesta adecuada para atender la exigencia ciudadana, en un ambiente en que se cuestionaba a las instituciones encargadas de impartir justicia”. Esa misma reforma que bajo la denominación de “jubilación inmediata”, cesó a los 26 ministros de entonces, dejando a la Suprema Corte de Justicia sin funciones, del 1º de enero al 1º de febrero de 1995, hasta que tomaron posesión los nuevos ministros; que redujo el número de sus integrantes de 26 a 11 miembros y que redujo también el plazo de su vigencia o duración a sólo 15 años, después de tener un nombramiento vitalicio.

Después de esa reforma, no pasó nada, ni se cayeron los mercados financieros, ni se suspendió el recién firmado Tratado de Libre Comercio, ni se levantó el pueblo en armas, ni se instauró la dictadura, ni nos convertimos en Cuba, ni en Venezuela, ni en Rusia, ni en Bolivia, como ahora se dice, a pesar de enfrentar peores condiciones económicas de las que hoy enfrentamos (la devaluación de peso y la crisis de las hipotecas), por el famoso error de diciembre, el levantamiento social y guerrillero del EZLN en Chiapas y la inestabilidad política originada por el magnicidio de Luis Donaldo Colosio. El país y el poder judicial se fortalecieron y siguieron funcionando sin dificultad alguna.

Por eso, las amenazas de la derecha internacional, de que habrán de afectarse las relaciones comerciales derivadas del T-MEC con Estados Unidos y Canadá, a partir de las declaraciones de sus embajadores, no son ciertas, pues a quien conviene más la vigencia de este ventajoso tratado comercial, que a ellos que han venido a instalar sus empresas transnacionales con mano de obra barata y empleos paupérrimos en México, que consiguen insumos y materias primas a precio regalado para sus producciones millonarias, que no pagan impuestos, que han inundado los mercados nacionales mexicanos de mercancías importadas y que además, se llevan sus capitales golondrinos a sus países de origen, sin aportar nada al desarrollo nacional.

Esa misma derecha Internacional, que ahora utiliza a los organismos internacionales como la ONU o el FMI, al Consejo Mexicano de Negocios, al Bank of América, al City Bank, a las calificadoras Fitch Ratings y Morgan Stanley y hasta a la propia Iglesia, para señalar sin argumento alguno, que el país está en riesgo frente a una futura reforma judicial, que los rendimientos de inversión en México estarían por debajo del promedio de américa latina o que la devaluación y debilidad reciente del peso frente al dólar, por el orden de los 20 pesos por dólar, es por causa de la reforma judicial.

Nada más falso que eso, pues el comportamiento de los mercados financieros internacionales, lo han originado los mismos Norteamericanos y los Japoneses por las caídas de las tasas de empleo y disminución de la inversión extranjera directa, entre otros factores, con repercusiones en México y en todo el mundo. A Todos ellos se les olvida por cierto, que en Estado Unidos y Japón, también se eligen jueces por elección popular, y en el caso de los primeros, se eligen también por voto de los electores, incluso, los Fiscales Generales, los Fiscales de Distrito y los integrantes de los Jurados Ciudadanos – a éstos últimos sólo se les exige ser ciudadanos estadounidenses, saber leer y escribir y tener un juicio sano- no se requiere, ni se exige tener conocimientos de derecho y gozan de un alto prestigio y reconocimiento social.

En resumen, la reforma pasará porque así lo pidió más del 59% de los electores el pasado 2 de junio, cuando votaron entre otras cosas, por el Plan C, que incluye la reforma al poder judicial; reforma que hoy es aprobada por más del 80% de los mexicanos, según resultados presentados por casas encuestadoras como De las Heras Demotecnia y por Enkoll, entre otros.

Hablemos claro, a la derecha no le preocupa el país, ni el derecho humano de los mexicanos de acceso a la justicia, mucho menos la independencia y profesionalización del poder judicial, a la derecha sólo le interesa la conservación de sus privilegios económicos y políticos, – a los de adentro y los de afuera del poder judicial-.