COLEGIO DE ABOGADAS DE MICHOACÁN

Ilse Violeta García Cerna

A finales de 2023, muy cerca del cierre del periodo legislativo, la Septuagésima Quinta Legislatura del Congreso del Estado de Michoacán, tuvo a bien, en aprobar la Ley de Justicia Cívica del Estado de Michoacán de Ocampo, cuyo principal objetivo, es además de sentar las bases para la coordinación institucional entre el Estado y sus municipios bajo el modelo del Sistema de Justicia Cívica, mantener y conservar el orden público, la seguridad y tranquilidad de las personas, considerando siempre la prevención del delito, y regulando todas aquellas conductas que constituyen algún tipo de infracción.

Los temas de seguridad en Michoacán son sensibles, las políticas implementadas a lo largo de los años solamente reflejan una creciente constante en las cifras que la regulan, sin embargo, por primera vez en la historia de nuestro estado, el legislador se ha visto preocupado y ocupado no solamente por legislar en sanciones más severas, o en fortalecer y dotar de insumos a las instituciones, sino también, en hacer partícipe y concientizar al ciudadano de las acciones o conductas que lleva a cabo.

El 08 de julio de 2019 el Consejo Nacional de Seguridad Pública aprobó el Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica y con esto se cerró la brecha existente para entablar el diálogo, orientar y concientizar al ciudadano del daño que se causa con la comisión de faltas administrativas y las consecuencias de ello, así como del respeto a las reglas de convivencia y a la autoridad, lo cual es clave para prevenir la comisión de un delito y en dicha reforma se instruyó a las entidades federativas a legislar en la materia.

Es importante mencionar que nuestra ciudad capital, Morelia, es pionera en el diseño, implementación y ejecución de la política pública de Justicia Cívica, junto con el municipio de Escobedo, en Nuevo León; en 2015 comenzaron a construir los juzgados de Justicia Cívica que inició simple y sencillamente a prueba y error, y en el mes de agosto de 2016 se iniciaron las primeras audiencias en materia de orden y posteriormente en tránsito, pero estas últimas solamente para aquellos ciudadanos que mostraban alguna inconformidad, con ello, se sentaron las bases para la creación del modelo de Justicia Cívica, como se menciona en párrafos anteriores.

El Sistema de Justicia Cívica, está encaminado a ayudar a las personas, a que su caso por mínimo que sea, se valorice y sea tomado en cuenta, como parte de la misma sociedad. Al implementar por medio de dicha ley en los municipios del estado el trabajo a favor de la comunidad, se ataca los problemas sociales de raíz, pues si tiene un infractor que ofende, que molesta, que agrede cuando se intoxica, se ataca la adicción. Si se presenta una persona con episodios de violencia, se ataca el descontrol de emociones; la justicia cívica también vela por la salud física y mental de los ciudadanos.

Si el infractor tiene problemas para respetar el reglamento de tránsito, se ataca el problema enviándolo a cumplir su trabajo en favor de la comunidad, como medida reeducativa, o bien, a espacios para personas con discapacidad o a clases de motociclismo, por citar algunos ejemplos, pero siempre sensibilizando a la ciudadanía sobre la importancia del respeto a las reglas.

De igual manera, la Justicia Cívica es creada para sensibilizar al policía de la importancia de su papel dentro de la sociedad, el respetar a la ciudadanía, y entender que el elemento policial, no solo está para infraccionar, sino para ser vistos como sujetos de ayuda y protección. La Justicia Cívica también es el apoyo y acompañamiento de las víctimas, y el respeto y valorización de los derechos humanos.

El modelo de Justicia Cívica viene a representar ese mecanismo de prevención, que se aplicará dentro del primer orden de gobierno en conocer sobre la comisión de un delito o una falta administrativa, es decir, los municipios.

La entrada en vigor de esta ley está contemplada en el mes de septiembre, justamente en el cambio de administraciones municipales; es un gran reto para las y los nuevos alcaldes, realizar todas las adecuaciones presupuestales, normativas, orgánicas y administrativas, para garantizar la existencia y puesta en funciones de los Juzgados Cívicos Municipales en todo el territorio michoacano.