Morelia, Michoacán, 31 de agosto de 2024.- La creación del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo (TJAEMO) data de hace 17 años, su instalación se dio 20 años después de que el artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos sufriera una reforma tendiente a considerar que, las Constituciones y leyes de los Estados podrán instituir Tribunales de lo Contencioso-Administrativo dotados de plena autonomía para dictar sus fallos, que tengan a su cargo dirimir las controversias que se susciten entre la Administración Pública Estatal y los particulares, estableciendo las normas para su organización, su funcionamiento, el procedimiento y los recursos contra sus resoluciones.
La integración de dicho órgano jurisdiccional en la entidad, estuvo acompañado de la creación por parte del órgano legislativo estatal, del Código de Justicia Administrativa (CJA), muy matizado en algunos apartados, por disposiciones similares a las establecidas en el Derecho Civil; la legislatura consideró que un tribunal de esta naturaleza, era un avance en materia de impartición de justicia en la entidad, en virtud de que no se contaba con un órgano similar que otorgara a los michoacanos las garantías de igualdad y audiencia para dirimir las controversias entre la administración pública estatal y municipal con los gobernados, garantizando la legalidad que debe imperar en un estado de derecho, y que con la aprobación de este Código, la impartición de justicia administrativa entonces será más eficaz constituyéndose en suma, como un verdadero control de legalidad a favor de los particulares.
La designación de sus primeros magistrados, fue por un periódo de 3, 4 y 5 años, las posiciones fueron y son a la fecha netamente de naturaleza política, esto es, en el congreso del estado cada partido político cuenta con el “derecho” de proponer las ternas con sus favoritos en cada época en que se designan a sus integrantes atendiendo a la rotación temporal, no hay de manera visible una carrera judicial que permita que los empleados del órgano jurisdiccional puedan aspirar a ser magistrados por oposición, como sí ocurre en el Poder Judicial de la Federación (PJF).
La controversial iniciativa de reforma al PJF no los incluye a ellos ni a otros integrantes de órganos jurisdiccionales que dependen (programáticamente) del Poder Ejecutivo Federal, sus designaciones están a salvo y posiblemente por ello, la tarde del pasado viernes, en un recinto universitario se llevó a cabo a puerta cerrada, el dictado de una conferencia por una ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en favor de dicha reforma, evento organizado por el TJAEMO en cita.
Es oportuno precisar, en este contexto donde se pretende que los impartidores de justicia sean electos popularmente, que los magistrados del TJAEMO han llegado sin experiencia previa en la impartición de justicia, son personas afines a los partidos políticos mayoritarios que integran la legislatura en turno, electos bajo un esquema de “tómbola” por acuerdos políticos de los legisladores, situación que difícilmente cambiará, en su momento los 3 magistrados fueron propuestos por los legisladores de filiación priista, panista y perredista; la mano del titular del Ejecutivo estatal –por cierto hoy Senador de la República– estuvo visible, al resultar electa como magistrada, una familiar política ya fallecida.
El CJA en la actualidad, pese a las reformas que ha sufrido, sigue siendo un ordenamiento que permite ser eludido por el gobernado hasta la fecha, pudiendo ir directamente al PJF por medio del juicio de amparo a controvertir los actos administrativos competencia de éste, al ser un ordenamiento que en materia de suspensión, exige más requisitos que los que establece al respecto la Ley de Amparo y es que los litigantes tienen mayor confianza en la impartición de justicia por parte de los Juzgados de Distrito y Tribunales Colegiados de Circuito en Materia Administrativa, que el agotar una acción en dicho tribunal estatal.
Las prácticas políticas en el país no desaparecerán, la hegemonía actual del poder, hace más difícil su extinción.
