Vivir un auténtico federalismo no es una cuestión sencilla. Requiere de una efectiva colaboración y un uso adecuado de los recursos. El objetivo de los órdenes de gobierno es el mismo: servir de la mejor manera a la población

México, en sus inicios como nación, adoptó como ley fundamental una basada en la Constitución de los Estados Unidos de América.

El constitucionalismo mexicano se nutrió de diversas experiencias de gobierno y de distintas fórmulas jurídicas: unas de corte liberal y otras de carácter conservador.

Finalmente, el esquema federal es el que prevaleció como se vislumbró a partir de la Constitución de 1824.

El modelo norteamericano estructuró una más acabada división funcional del poder público.

Aunada a la tradicional “división de poderes” en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, se diseñó una división vertical del poder: competencia por órdenes de gobierno.

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Es claro que en Estados Unidos de América se le dotó de grandes atribuciones a los estados de la Unión.

La Constitución de ese país le otorgó expresamente facultades a la federación y todas las demás atribuciones corresponden a la jurisdicción de las entidades federativas.

En nuestro caso ha sido distinto. Aunque el precepto constitucional que prevé la distribución de competencias, en la que se precisan expresamente las facultades reservadas a los funcionarios federales, proviene del modelo norteamericano, en la práctica ha prevalecido una incidencia mayor de la federación en detrimento de las autoridades locales.

El centralismo ha sofocado, en gran medida, muchas de las acciones que tendrían que ejecutar los estados y los
municipios.

Vivir un auténtico federalismo no es una cuestión sencilla. Requiere de una efectiva colaboración y un uso adecuado de los
recursos.

El objetivo de los órdenes de gobierno es el mismo: servir de la mejor manera a la población.

Ahora que se ha dado el cambio de la titularidad del Ejecutivo federal resulta trascendente mirar hacia lo local.

Hay necesidades apremiantes de los estados y los municipios. La inversión en algunas obras que parecieren insignificantes puede impulsar incluso el desarrollo de regiones del país.

El mantenimiento o la ampliación de una carretera, por ejemplo, puede transformar la realidad cotidiana de los habitantes de un estado y puede significar el impulso de la actividad comercial del país.

Es un momento propicio para la inversión pública y privada. Ello generará el desarrollo que tanto le hace falta al país. Por supuesto que es fundamental que se busque el desarrollo de lugares donde prevalece la desigualdad.

Mirar hacia lo local es una oportunidad de preocuparse y ocuparse, para beneficiar a muchos compatriotas que se encuentran marginados. Ya es tiempo de sacar adelante a nuestro
México profundo.

*Por: Amando Alfonzo Jiménez/Constitucionalista/ @ArmandoAlfonzo

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