La Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos enfrenta uno de los mayores dilemas constitucionales de su historia reciente: decidir si avala o rechaza la propuesta del presidente Donald Trump para eliminar el derecho a la ciudadanía por nacimiento a hijos de migrantes indocumentados. La resolución, con implicaciones legales y morales profundas, podría redefinir el concepto mismo de ciudadanía en el país.
Amparado en una reinterpretación de la Enmienda 14 de la Constitución vigente desde 1868 y diseñada originalmente para otorgar derechos a los hijos de esclavos liberados Trump firmó el 20 de enero de 2025 una orden ejecutiva que excluye de la ciudadanía automática a bebés nacidos en territorio estadounidense si sus padres carecen de estatus migratorio regular, incluidos quienes portan visas temporales.
La orden instruye a las agencias federales a actuar “según el significado original” de dicha enmienda, señalando que el privilegio de la ciudadanía no debe otorgarse “automáticamente” a cualquier persona nacida en Estados Unidos.
Actualmente, más de cuatro millones de menores nacidos en Estados Unidos tienen padres indocumentados, de los cuales al menos dos millones son de origen mexicano, según datos del Pew Research Center. La eliminación de este derecho podría convertirlos en apátridas en su propio país, privándolos de los derechos y protecciones que garantiza la ciudadanía estadounidense.
El Instituto de Política Migratoria (MPI) advierte que de mantenerse esta política en el tiempo, para 2075 existirían cerca de 1.7 millones de personas nacidas en EE.UU., hijos de padres y abuelos también nacidos allí, que seguirían sin estatus legal alguno. En total, la población indocumentada aumentaría en 5.4 millones para esa misma fecha, alimentando una crisis de derechos civiles sin precedentes.
El debate ha encendido posturas opuestas: mientras grupos conservadores respaldan la medida como parte de un enfoque más severo contra la migración irregular, organizaciones de derechos humanos y juristas la califican de inconstitucional y discriminatoria
“La enmienda 14 no distingue entre el estatus de los padres. Lo que Trump propone no es solo ilegal, es un ataque a los principios de igualdad ante la ley”, denunció la Unión Nacional de Libertades Civiles (ACLU), que acusa al mandatario de querer institucionalizar una subclase permanente basada en el origen migratorio.
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Además, expertos advierten que validar esta orden desde la Corte sentaría un precedente peligroso sobre la capacidad del poder ejecutivo para reinterpretar a conveniencia la Constitución.
Si los seis jueces conservadores de la Corte, que actualmente tienen mayoría, optan por respaldar la orden ejecutiva, podrían abrir la puerta a una reconfiguración de los derechos de ciudadanía con impacto multigeneracional; por el contrario, si deciden mantener intacto el principio constitucional de la Enmienda 14, significaría poner un límite claro a los alcances del poder presidencial en una de las piezas clave de la agenda de Trump.
El futuro de millones de personas y el de uno de los pilares del sistema constitucional estadounidense pende ahora del criterio del máximo tribunal.
Fuente: Milenio
