Asaid Castro – Morelia, Michoacán

Un grupo de 12 atletas de la Asociación Michoacana de Karate, que habían sido seleccionados en la etapa estatal, no participaron en el clasificatorio nacional rumbo a la Olimpiada Nacional 2026, realizado en Guadalajara, debido a desacuerdos con los costos impuestos y la falta de respaldo institucional, informaron entrenadores y padres de familia en rueda de prensa.

De acuerdo con Hugo Barojas Reyes, presidente de la asociación, los deportistas se negaron a cubrir gastos que calificaron como excesivos, entre ellos el pago de mil 200 pesos por inscripción, la compra obligatoria de uniformes específicos y el hospedaje en hoteles determinados por la organización del evento, lo que representaba un gasto cercano a los 25 mil o hasta 28 mil pesos por atleta.

“El principal problema es que se permitió cobrar por un evento que históricamente no tenía costo”, señaló Barojas, al responsabilizar a la Comisión Nacional del Deporte (Conade) por avalar estas condiciones, así como a las autoridades estatales por no brindar el apoyo necesario para que los jóvenes pudieran competir.

El entrenador explicó que de los 21 atletas que clasificaron en el estatal realizado el pasado 31 de enero, 14 pertenecen a la asociación michoacana, de los cuales ninguno asistió al clasificatorio nacional bajo estas condiciones, mientras que siete deportistas de otro grupo sí participaron al estar afiliados a la federación organizadora.

Ante esta situación, ocho de los atletas promovieron amparos para poder competir sin cubrir los costos señalados; sin embargo, los tiempos legales no favorecieron a los deportistas, ya que el registro cerró el 12 de marzo, impidiéndoles concretar su participación en el evento nacional.

Padres de familia señalaron que, además del impacto económico, la decisión afectó el trabajo de años de preparación de los jóvenes, quienes invierten tiempo, esfuerzo y recursos para alcanzar un lugar en la competencia nacional, por lo que consideraron injusto que se les impongan nuevos costos en la etapa clasificatoria.

Finalmente, los involucrados advirtieron que continuarán buscando mecanismos legales y presión pública para evitar que esta situación se repita, al considerar que se vulneraron los derechos de los atletas y que el deporte debe garantizar condiciones equitativas para todos los competidores.