Daire Zúñiga / La Voz de Michoacán

Morelia, Michoacán. Especialistas en salud aseguran que los productos farmacéuticos comercializados en México tienen al menos siete años de atraso en el mercado, además de que un registro sanitario demora más de 900 días para emitirse, cuando el período normal de evaluación es de alrededor de 60 días.

La Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica (AMIIF) informó que hay una deficiencia en la innovación de medicamentos, por lo que los pacientes están recibiendo tratamiento que finalmente resulta perjudicial para la salud.

El director de la asociación, Larry Rubín comentó que también hace falta el desarrollo actualizado de la vacunación, pues actualmente se presenta el brote de enfermedades que habían sido erradicadas.

De este modo, informó que buscarán trabajar de manera coordinada con la próxima autoridad federal, así como con el poder legislativo para asegurar que se tengan metas en favor de la investigación para la salud.

De acuerdo con el director, la propuesta es agilizar y digitalizar procesos de autorización regulatoria e implementación de protocolos de investigación científica, fortalecer la coordinación de actores involucrados en el fomento a la innovación en salud, como la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), las Secretarías de Salud e instituciones sanitarias y del sector privado e implementar políticas públicas que impulsen la investigación científica.

Larry Rubín resaltó que en el país hay una baja inversión en investigación, pues se destinan 200 millones de dólares y lo ideal sería recibir al menos 4 mil millones de dólares en el próximo sexenio.

“Para que México crezca en inversión en el sexenio se tiene que hacer una eficiencia regulatoria. México puede ser el centro de investigación y desarrollo y generar nuevos empleos, así como tener innovación hecha en el país”.

Al mismo tiempo, aseguró que es urgente la digitalización de Cofepris, pues además de favorecer los estudios clínicos, podría contribuir en la recepción de medicamentos innovadores para los pacientes.

Agregó que la Comisión recauda aproximadamente 2 mil 800 millones de pesos, de los cuales, el gobierno reintegra sólo una tercera parte, por lo que se ve limitada en el proceso de digitalización.

Además, señaló que debe haber una mejor vinculación entre Cofepris y el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual (IMPI) para evitar casos de violaciones a la propiedad y generar una certeza jurídica en el otorgamiento de registros sanitarios y patentes.

Tratados, tema clave

Fernando Portugal Pescador, director de la Comisión de Propiedad Intelectual y Asuntos Jurídicos e Internaciones del AMIIF, comentó que se deben implementar compromisos en materia de propiedad en tratados internacionales, principalmente en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Portugal Pescador señaló que si se compara el Índice Global de Innovación con el Indicador de Desarrollo Urbano de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se puede ver que los países con mejor desempeño en materia de innovación son también los que tienen mejores condiciones de salud y mejores medidas para proteger la propiedad intelectual y el desarrollo de investigación científica.

Por lo tanto, para cumplir con el T-MEC, se debe priorizar la adopción de medidas de ajustes en la vigencia de patentes y la protección de datos clínicos de la información con la que la autoridad sanitaria autoriza la introducción al mercado de algún medicamento.

Afirmó que el protocolo de aprobación internacional es indispensable para dar acceso a medicamentos seguros y evitar “medicamentos chatarra” en la comercialización.

La adquisición de los “medicamentos chatarra” pueden representar un riesgo en la salud, al ser fabricados con sustancias no autorizadas, contaminadas o caducadas, generando un efecto indeseado o incluso la muerte.

Igualmente, pueden contener instrucciones de uso con información incompleta o incorrecta generando usos indebidos del tratamiento, explicó el director.

Por último, mencionó que los medicamentos que no cuentan con la certificación necesaria representan un grave problema de salud pública, ya que no se cuenta con una licencia sanitaria con las líneas autorizadas para la fabricación de los medicamentos o principios activos, hay un incumplimiento a la fórmula autorizada y una falta de validación de procedimientos de limpieza de áreas y equipos de fabricación, así como una falta de mantenimiento en instalaciones donde se realizan los productos farmacéuticos.