Indígenas en Nayarit rechazan la reactivación del proyecto hidroeléctrico de la presa Las Cruces, argumentando amenazas a su modo de vida

Nayarit.- Durante el Día Internacional de la Resistencia de los Pueblos Originarios y Popular Mesoamericana, junto al Día Estatal de la Resistencia Civil en Nayarit, comunidades indígenas expresaron su rechazo a la reactivación del proyecto de la presa hidroeléctrica Las Cruces, sobre el Río San Pedro.

A través de un comunicado, líderes de las comunidades náayeri, wixárika, o’dam y meshikan manifestaron su oposición:

“532 años de resistencia activa contra el despojo han sido de aprendizaje, organización y lucha para seguir siendo lo que somos”.

El gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero anunció durante su Tercer Informe de Gobierno la reactivación de la obra, como parte del plan gubernamental de Claudia Sheinbaum:

“Hemos planteado, como parte del programa de gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum, la construcción de la presa de Las Cruces. El objetivo es generar energía limpia y, al mismo tiempo, contener las aguas que inundan permanentemente a Rosa Morada y Ruiz. Mediante la contención de estas aguas río arriba, buscamos brindar tranquilidad a las comunidades que, cada temporada de lluvias, enfrentan la angustia de posibles inundaciones, como lamentablemente ha ocurrido en el estado de Guerrero.”

Los pueblos originarios reiteraron su negativa, destacando el impacto negativo en “sitios sagrados y formas de vida” y enfatizaron que “el río San Pedro sigue corriendo, cantando y bailando sin presa que lo detenga”, siendo el último río libre en la región.

También se refirieron al “proyecto de trasvase de caudales de Nayarit a Sonora”, conocido como SHINO, reafirmando su compromiso de defender el río, considerado “nuestra propia sangre.”

Subrayaron que su “palabra colectiva suena más fuerte si se entreteje con otras voces hermanas”, resaltando la importancia de la unión en su lucha contra “el imperio de la violencia” representado por el gobierno, partidos políticos, grupos empresariales y organizaciones criminales.

Entre 22 exigencias, demandaron la abrogación del decreto que permite la generación de energía eléctrica en el Río San Pedro y la cancelación definitiva del proyecto hidroeléctrico Las Cruces.

La Contraloría Nacional Autónoma del Agua, en su primera asamblea en San Luis Potosí, se unió a estas demandas, denunciando la decisión gubernamental de revivir el proyecto, que amenazaría los lugares sagrados y formas de vida de las comunidades Naayeri, Wixarika, Meshika y Õodam, afectando a más de 20 mil familias.