La improcedencia del desafuero de Alito Moreno se aprobará, mientras se revisa una nueva acusación por peculado.
Este viernes, la Sección Instructora de la aprobará un dictamen para declarar improcedente y archivar la primera solicitud de desafuero contra Alejandro ‘Alito’ Moreno Cárdenas, líder nacional del PRI, acusado de presunto enriquecimiento ilícito.
Sin embargo, se procederá a revisar una segunda petición de la Fiscalía Anticorrupción de Campeche por supuesto peculado de 83 millones de pesos.
El coordinador de Morena, Ricardo Monreal Ávila, confirmó que Moreno obtuvo un amparo definitivo de un tribunal colegiado, anulando las pruebas obtenidas por la Fiscalía General de Campeche durante el cateo de ocho propiedades del exgobernador del estado.
“El tribunal Colegiado de Circuito resolvió concederle el amparo y protección de justicia, al determinar que el cateo fue inconstitucional y todas las pruebas eran nulas”, explicó Monreal.
Por lo tanto, se decidió que no podría continuar el proceso de desafuero debido a la falta de pruebas válidas. Este viernes, la Sección Instructora votará para archivar el primer caso, sin necesidad de ratificación por el pleno de la Cámara de Diputados.
Solicitud de desafuero por peculado
A pesar de ello, la Fiscalía Anticorrupción presentó una nueva solicitud de desafuero por peculado, y los fiscales ratificaron la denuncia al día siguiente. El nuevo expediente se centra en el supuesto uso indebido de atribuciones y peculado.
De acuerdo con el procedimiento constitucional, el secretario general de la cámara, Mauricio Farah, tenía tres días para entregar el expediente al presidente de la Sección Instructora, Hugo Erick Flores (Morena), quien lo recibirá formalmente este viernes y lo compartirá con los otros tres miembros de esa instancia.
Monreal, quien tiene una relación de respeto con el senador del PRI, mencionó que prefiere la conciliación sobre los conflictos, pero enfatizó que la revisión de la segunda acusación debe seguir la Constitución y la ley.
“Lex dura lex. No vamos a resolver en función de intereses personales ningún conflicto jurisdiccional, sino en razón de lo que prevé la ley. Alejarnos de la parte personal”, concluyó Monreal.
