Explorando la implicación de la orden de arresto CPI contra Putin en Mongolia.

La reciente visita del presidente ruso Vladímir Putin a Mongolia, miembro de la Corte Penal Internacional (CPI), prueba la neutralidad del país y el poder de las instituciones globales.

Contexto del viaje

Putin arribó a Mongolia el 2 de septiembre para conmemorar el 85º aniversario de la batalla del río Khalkh, un importante evento de la Segunda Guerra Mundial donde tropas soviéticas y mongolas derrotaron a las japonesas.

Esta es la primera ocasión que Putin visita un país miembro de la CPI desde que el tribunal emitió una orden de arresto en su contra en 2023 por crímenes de guerra.

Orden de arresto de la CPI contra Putin

El 18 de marzo de 2023, la CPI acusó a Putin de ser ‘presunto responsable’ de la deportación ilegal de niños ucranianos desde territorios ocupados hacia Rusia, lo cual constituye un crimen de guerra bajo el Estatuto de Roma. Desde entonces, Putin ha evitado viajar a países miembros del tratado.

Mongolia, que ratificó el tratado en 2002, reiteró su apoyo a la CPI en junio, junto con otros 92 estados miembros. La CPI y la Unión Europea han enfatizado a Mongolia la obligación de cumplir con el arresto si el acusado entra en su territorio.

Posibles reacciones de la CPI

La CPI carece de un mecanismo de ejecución fuerte y los estados pueden evitar detenciones si esto contraviene ciertas obligaciones del tratado o la inmunidad diplomática. Si Mongolia no actúa, la CPI podría llevar el caso a la Asamblea de los Estados Partes, que podría emitir una amonestación verbal o escalar el asunto al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

¿Cuál es la reacción de Rusia?

‘No, no estamos preocupados (…) Tenemos un magnífico diálogo con nuestros amigos de Mongolia’, declaró Dmitri Peskov, vocero del Kremlin.

¿Qué dicen las ONG?

‘Proteger a un fugitivo de la justicia internacional no solo equivaldría a obstruir la justicia. Si Mongolia proporciona al presidente Putin un refugio seguro, aunque sea temporal, se convertirá en la práctica en cómplice de la garantía de la impunidad para algunos de los crímenes más graves según el derecho internacional’, advirtió Altantuya Batdorj de Amnistía Internacional Mongolia.

La Federación Internacional de Derechos Humanos también ha instado a Mongolia a cumplir con sus obligaciones legales.