IMCO destaca la importancia de la certidumbre para la inversión en el sector energético en México.

Ciudad de México.-El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) ha manifestado que México enfrenta desafíos significativos en seguridad y transición hacia energías más limpias, resaltando la necesidad de mayor certidumbre para la inversión en el sector energético.

Según un comunicado del IMCO, la reciente reforma constitucional en el sector energético, aprobada por la Cámara de Diputados, transmite un “mensaje de incertidumbre jurídica” que podría afectar no solo a las inversiones directas, sino también tener un impacto general en la economía del país, sugiriendo una falta de compromiso sólido con el Estado de derecho por parte del Estado mexicano.

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El instituto critica la política de desincentivar nuevos competidores en la generación eléctrica, lo cual elimina incentivos para la eficiencia y aumenta los costos de electricidad.

“Este riesgo se agudiza en un entorno de relativa poca inversión en generación eléctrica. Mientras que entre 2013 y 2018 se autorizaron 54.5 mil millones de dólares (mmd) en inversiones en generación, entre 2019 y 2024 únicamente se autorizaron 13.4 mmd”, indica el IMCO.

El análisis también menciona que priorizar a la CFE por criterios políticos perjudica la transición energética al limitar la inversión privada en energías renovables y restringir los mecanismos de inversión privada en la transmisión y distribución eléctrica, como las asociaciones público-privadas y otros instrumentos financieros.

Esto obliga a la CFE a asumir todo el gasto de capital necesario para expandir y modernizar la infraestructura de redes, lo que es crucial dado la subinversión en la Red Nacional de Transmisión durante la última década.

Finalmente, el documento del IMCO advierte que eliminar el mandato de Pemex y la CFE de generar valor económico y rentabilidad para el Estado y cambiar su naturaleza a empresas públicas sin fines de lucro, “permite que la empresa opere con pérdidas y cause un daño a la hacienda pública”.

Ante esta situación, el IMCO urge al Gobierno Federal a enviar un mensaje claro de compromiso con el Estado de derecho y la certidumbre jurídica, especialmente ahora que la reforma ha sido aprobada, para asegurar que la redacción de la legislación secundaria mitigue los riesgos y no comprometa la capacidad del país para atraer y retener inversiones y talento.

La reforma establece que la CFE generará el 54 % de la energía eléctrica del país, mientras que el sector privado se limitará al 46 %.