Redacción / La Voz de Micohoacán

Unas mil 300 millones de personas en el mundo, aproximadamente el 16% de la población global, viven con alguna forma de discapacidad, según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS). En América Latina y el Caribe, este número asciende a 66 millones de personas, lo que representa cerca del 12% de la población regional. Cada 3 de diciembre se conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad con el objetivo de velar por los derechos de este colectivo y promover la construcción de una sociedad más inclusiva.

A pesar de los avances en el reconocimiento de sus derechos, las personas con discapacidad enfrentan desigualdades en el acceso a la salud, la educación y el empleo, aspectos que también se ven impactados por barreras físicas, sociales y económicas. Según la OMS, estas inequidades “se derivan de las situaciones injustas a las que se enfrentan las personas con discapacidad”, entre las que el organismo identifica la estigmatización, la discriminación, la pobreza, la exclusión de la educación y el empleo, y las barreras dentro del sistema de salud.

Según datos de la OMS, las personas con discapacidad tienen el doble de riesgo de desarrollar problemas de salud como depresión, diabetes o derrame cerebral en comparación con quienes no tienen discapacidad. Sin embargo, con frecuencia enfrentan barreras que limitan su acceso a una atención médica adecuada, como infraestructura inaccesible, costos elevados y actitudes negativas por parte del personal sanitario.

En tanto, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) advierte que “muchos servicios de salud siguen siendo inaccesibles, ya sea por barreras físicas, financieras o de comunicación”, siendo que “entre las barreras a las que se enfrentan las personas con discapacidad figuran los espacios de salud inaccesibles, las barreras de comunicación, la falta de formación de los profesionales y las barreras financieras”.

De todos modos, a nivel normativo se han logrado progresos significativos en la búsqueda de reducir inequidades. En ese sentido, de acuerdo con la OPS, “todos los países y territorios de la Región han firmado la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”, siendo que este número alcanza a 185 países. Sin embargo, la implementación sigue siendo limitada.

Es por eso que la OMS advierte que, aunque los marcos internacionales son fundamentales, “invertir en la cobertura sanitaria universal de las personas con discapacidad supondrá un beneficio no solo en el plano individual, sino también en el comunitario”.

Avances: hacia sistemas de salud más inclusivos

La búsqueda de equidad sanitaria para las personas con discapacidad ha generado avances significativos en los últimos años, especialmente en el reconocimiento de sus derechos. A nivel global, la ratificación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad logró establecer un marco normativo claro que “exige a los Estados parte que garanticen que las personas con discapacidad tengan acceso a la misma atención de salud gratuita o a precios asequibles y de la misma variedad y calidad que las demás personas”. Según la OMS, “los marcos internacionales proporcionan una guía indispensable, pero deben traducirse en acciones concretas para marcar una diferencia real en la vida de las personas”.

En América Latina, el desarrollo de estrategias como la rehabilitación basada en la comunidad ha permitido avanzar en la atención integral de las personas con discapacidad, promoviendo su autonomía y participación en la sociedad. La OPS destaca que este enfoque es fundamental para aplicar la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y empoderar a las comunidades. Además, el fortalecimiento de programas de tecnologías de apoyo ha reducido barreras en el acceso a servicios esenciales, como la comunicación o la movilidad, elementos clave para garantizar su inclusión plena en actividades comunitarias y relacionadas con la salud.

La recopilación de datos y la visibilización de las necesidades específicas del colectivo también representan un avance importante. Informes recientes de la OMS destacan que el 16% de la población mundial vive con alguna forma de discapacidad. En América Latina y el Caribe, se estima que representa alrededor del 12% de la población regional. Estos datos han impulsado a algunos países a diseñar planes específicos para incluir la perspectiva de discapacidad en sus sistemas de salud, aunque con desigualdades en su implementación.

Sin embargo, estos avances aún no son suficientes. Según el informe final del Plan de Acción de la OPS sobre Discapacidad (2014-2019), solo 17 de los 52 países y territorios de la región han adoptado planes nacionales que integren estrategias específicas de discapacidad y rehabilitación. Asimismo, apenas 8 han incorporado un enfoque inclusivo en sus sistemas de gestión de riesgos y emergencias.

Las barreras que aún persisten en la equidad sanitaria

A pesar de los avances, las barreras estructurales, económicas y sociales aún afectan a las personas con discapacidad, limitando su acceso a la salud en igualdad de condiciones. Entre los principales desafíos se encuentra la falta de infraestructura accesible. Según la OPS, muchos establecimientos de salud en la región “no son físicamente accesibles”, lo que incluye desde la ausencia de rampas hasta la falta de señalización en braille. Estas barreras físicas, sumadas a la falta de transporte accesible, dificultan significativamente que este colectivo pueda acudir a consultas médicas o recibir tratamientos adecuados.

En este contexto, la OMS identifica varios factores que afectan la equidad sanitaria:

Factores estructurales: Las personas con discapacidad enfrentan capacitismo, estigmatización y discriminación en múltiples aspectos de su vida, lo que repercute en su salud física y mental. En algunos contextos, existen leyes y políticas que limitan su autonomía, permitiendo prácticas como procedimientos médicos sin consentimiento informado e internamientos forzados en instituciones.

Determinantes sociales de la salud: La pobreza, la exclusión del empleo y la educación, y las malas condiciones de vida incrementan los riesgos de salud para este grupo. A menudo, la falta de apoyo formal los obliga a depender de sus familiares, principalmente mujeres y niñas, lo que genera una carga adicional en los entornos domésticos.

Factores de riesgo de enfermedades no transmisibles: Las personas con discapacidad tienen más probabilidades de presentar factores de riesgo como el tabaquismo, la mala alimentación, el consumo de alcohol y la inactividad física, en gran medida porque suelen quedar al margen de las intervenciones de salud pública.

Barreras en el sistema de salud: Desde la falta de formación del personal sanitario hasta infraestructuras y sistemas de información inaccesibles, las personas con discapacidad enfrentan obstáculos en todos los niveles del sistema de salud. Según la OMS, “todo ello contribuye a las desigualdades a las que se enfrenta este colectivo en relación con la salud”.

La inclusión como clave para la salud universal

La inclusión de las personas con discapacidad es esencial para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible y garantizar la salud para todos. Según la OMS, “la cobertura sanitaria universal no se logrará si las personas con discapacidad no reciben servicios de salud de calidad en condiciones de igualdad con las demás personas”.

Durante emergencias sanitarias, este colectivo enfrenta mayores vulnerabilidades. La OMS advierte que, durante la pandemia de COVID-19, “las personas con discapacidad que viven en instituciones han quedado aisladas del resto de la sociedad”, y se reportaron casos de sobremedicación, sedación o confinamientos prolongados.

Las mujeres con discapacidad enfrentan una doble vulnerabilidad. Según la OMS, “tienen entre 2 y 4 veces más probabilidades de sufrir violencia en una relación íntima que las mujeres sin discapacidad”.

Para reducir estas desigualdades, el informe de la OMS sobre equidad sanitaria sugiere 40 medidas clave, entre las que destacan: incluir la equidad sanitaria en todas las políticas del sector salud, garantizar la participación de las personas con discapacidad en los procesos de toma de decisiones y realizar un seguimiento continuo de las medidas implementadas para mejorar su acceso a servicios de salud.