En el Quinto Informe del Observatorio de la Guardia Nacional y la Militarización en México, elaborado por Causa Común, se evalúan resultados, pendientes y riesgos de la GN

Morelia, Michoacán.- La Guardia Nacional no ha dado resultados que incidan de manera significativa en la situación de violencia e impunidad crónicas que padece el país, destaca el Quinto Informe del Observatorio de la Guardia Nacional y la Militarización en México, elaborado por Causa Común.

En el documento se recuerda que aún cuando la militarización de la seguridad pública ha tenido momentos clave, entre los que destaca el combate frontal al narcotráfico mediante el despliegue de las Fuerzas Armadas en 2007 o la propuesta de la Ley de Seguridad Interior en 2017, es a partir de 2018 que tiene un aceleramiento histórico, con la creación de una Guardia Nacional (GN) de carácter militar, y el uso de las Fuerzas Armadas no sólo en tareas de seguridad pública, sino en funciones civiles diversas.

Resultados del informe sobre la Guardia Nacional

El informe consigna el incremento que se ha venido registrando del número de elementos de la Guardia a lo largo del sexenio: en 2019, 70.9 mil; en 2020, 98.2 mil; en 2021, 99.9 mil; en 2022, 118.1 mil; en 2023, 131.8 mil; y en 2024, 133.04 mil elementos.

El 26 por ciento de los elementos de la Guardia Nacional operan de manera irregular, al carecer con el Certificado Único Policial (CUP), ya que los datos recabados en el informe consignan que sólo 74 por ciento de quienes la integran cuentan con dicho documento.

“A estas alturas, hablar del CUP para los elementos de la Guardia Nacional quizá resulte irrelevante. No existen evidencias de que se lleven a cabo los cursos, o de que se lleven a cabo correctamente. No hay evidencia de que decenas de miles de soldados se estén transformando en policías bien capacitados. Se trata, hasta donde puede apreciarse, de una simulación administrativa, de un nuevo uniforme, pero de las mismas Fuerzas Armadas. Está claro que la Guardia Nacional es un cuerpo militar que no es sujeto de escrutinio público en sus procesos internos ni tampoco auditable.”

En cuanto al despliegue de efectivos, el informe consigna que en una solicitud de información se preguntó a la GN los criterios asumidos para las 32 entidades federativas, a lo cual respondió haciendo referencia a la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, en donde se señala que:

“La GN establece su despliegue operativo, considerando la incidencia delictiva presente en el país e informado en el reporte de incidencia delictiva del Fuero Federal, por entidad federativa, publicado por el Centro Nacional de Información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública…”

“No es evidente sin embargo que la asignación de elementos responda a este criterio. Por ejemplo, a marzo de 2024, la Ciudad de México mantiene uno de los despliegues más importantes, pese a ser la entidad con la policía más numerosa del país y con índices delictivos más bajos que otras entidades con menor número de elementos desplegados”.

En su informe Causa Común concluye que la Guardia Nacional nació a partir de una mentira, pues en las campañas presidenciales de 2012 y 2018 López Obrador había asegurado que retiraría de las calles al Ejército y la Marina.

“La mentira continuó cuando la misma reforma que dio origen a la Guardia Nacional estipula que debía ser una corporación civil. Queda explícito que la intención de MORENA es militarizar la seguridad pública y profundizar un proyecto militarista que absorba cada vez más funciones que, en una democracia, corresponden a las autoridades civiles.”

Se subraya que el proceso militarista ha tenido los siguientes efectos y presenta los siguientes riesgos: la GN no ha dado resultados que incidan de manera significativa en la situación de violencia e impunidad crónicas que padece el país; el crecimiento en funciones y presupuestos de las Fuerzas Armadas ocurre en detrimento de las policías locales; se incrementa el peligro de un mayor número de violaciones a los derechos humanos; ante la opacidad de las Fuerzas Armadas, se incrementan los riesgos de corrupción; y el protagonismo militar no es compatible con un sistema democrático que defina la preeminencia de las instituciones civiles.