SECRETO A VOCES

Rafael Alfaro Izarraraz

Guanajuato, así como otras entidades del centro del país y cercanas a la Ciudad de México y del Estado de México, se constituyeron en espacios para la inversión desde la década de los ochenta (autopartes, alimentos y calzado), justo cando se inicia el modelo de economía neoliberal y la firma del TLC. En parte, debido a que la frontera fue una buena opción para atender el mercado del norte y la demanda hacia Estados Unidos, pero no hacia el interior del país y la atención del mercado interno. La entidad inicia un importante crecimiento industrial, manufacturero, que lo ubica en tasas de 5, 6 y hasta 7 por ciento (Roberto Escalante y Horacio Catalán, sobre el sector manufacturero en Guanajuato). Al mismo tiempo, da inicia un posicionamiento político del PAN a nivel local, estatal y federal.

Asimismo, tomando en consideración a Guanajuato (valido también para Querétaro y Aguascalientes), la inversión y la terciarización de sus economías, no significó un cambio en la posición a nivel nacional desde el punto de vista industrial (otras regiones y entidades también vivieron esta experiencia), sí destacan en el rubro tecnológico y de los servicios avanzados (ver Jordy Micheli y José Eduardo Valle: el sendero del cambio estructural en el bajío: terciarización económica y digitalización). Asimismo, en lo local, para los municipios y la entidad, si es relevante lo industrial acompañado de lo tecnológico, independientemente de cualquier comparativo a nivel nacional. La entidad vivió un cambio sustancial en cuanto a las ramas que ocupan a la población, así como con respecto a la relación intermunicipal.

Como parte de una estrategia económico-política del panismo, junto con Aguascalientes y Querétaro (también San Luis Potosí), Guanajuato fue de las entidades que capitalizaron la deslocalización industrial y la Inversión Extrajera Directa. En Guanajuato, sin embargo, no necesariamente ha significado un mayor ingreso y bienestar de la población, lo que no entienden las élites locales. Jordy Micheli y José Eduardo Valle, aseguran que la situación de Guanajuato comparado con Querétaro y Aguascalientes: “En el indicador de menor pobreza relativa está Aguascalientes con 28.2 por ciento de la población en condición de pobreza, seguido de Querétaro con 31.1 por ciento y Guanajuato con 42.4 por ciento, prácticamente idéntico a la media nacional…” (El sendero del cambio estructural en el bajío: terciarización económica y digitalización. Revista Investigación y ciencia).

Al triunfo de Fox le siguió el gobierno de Felipe Calderón, mediante un fraude electoral y la consolidación de un narco Estado que, hasta un punto determinado, fue avalado por los Estados Unidos quien había iniciado en el mundo una estrategia militar luego de los ataques a las Torre Gemelas, amén de su interés por proteger a las inversiones estadounidenses en Guanajuato que llegaron como parte de la Inversión Extranjera Directa. Tanto Calderón como EU coincidieron en estrategias, ambos por razones distintas. En Guanajuato, la inseguridad no había sido hasta 2009, justo el año en que llega a la Fiscalía Especializada el abogado Carlos Zamarripa, quien había ocupado varios cargos en dependencias relacionadas con la seguridad pública.

Los grupos criminales siempre han existido en México, pero el fortalecimiento de las organizaciones criminales de corte empresarial vinculados al actual narcotráfico de drogas que va al mercado de Estados Unidos es algo totalmente nuevo y está vinculado al México neoliberal gobernado por la alianza entre el PRI y el PAN, con plena anuencia del gobierno de Estados Unidos. Ahí se inscribe el principal maestro de la narcopolítica: Genaro García Luna, cuya escuela era pactar con grupos criminales. Zamarripa, abogado de profesión, fue formado en materia de seguridad por las academias federales que existen en los Estados Unidos, país en donde realizó parte de su formación en materia de seguridad, entre otros organismos como el FBI.

La llegada de Zamarripa a la Fiscalía de Guanajuato, que en 2019 fue ampliada su estancia hasta el 2028, constituye un hecho inédito. Con su incorporación como Fiscal se enraizaron los grupos criminales, entre ellos el de Santa Rosa de Lima y, en años recientes, el Cartel de Jalisco Nueva Generación. La vida social de Guanajuato empezó a vivir el cobro de piso, los secuestros, el huachicoleo, la desaparición de personas y el surgimiento de fosas clandestinas. Enrarecer el ambiente político para justificar la guerra contra el narco parece que fue la encomienda que le dieron al fiscal de Guanajuato o así lo entendió, prácticas que se extendieron hasta otras entidades. Todo con el apoyo de los partidos, el congreso local, el gobernador en turno y la misma iniciativa privada.

Dice la revista proceso en una nota de 2021: “Hoy, Guanajuato vive inmerso en una espiral de violencia que llevó su tasa de homicidio por 100 mil habitantes (55.99) a ser la cuarta más alta a nivel nacional; supera a las de países como El Salvador (52.0), Jamaica (43.9) y Honduras (38.9); su nivel de impunidad es de 90 por ciento en este delito. En 11 años los asesinatos crecieron 215 por ciento y ubicaron a la entidad como la más violenta de México en números absolutos. Mientras tanto, Zamarripa Aguirre levantó su búnker, con apoyo del gobierno de Estados Unidos. Construyó una sede ostentosa, con helipuerto, laboratorios de primer mundo y sofisticada tecnología de la información”. Se agrega que entre 2009 y 2020, se han encontrado 109 fosas clandestinas, sin que existe respuesta de la Fiscalía, reporta la revista Proceso, medio que ofrece cifras del megapresupuesto que se ha destinado a la seguridad sin resultados efectivos ante más de un millón y medio de delitos, lo que empieza a crear incertidumbre entre inversionistas.

Quién, intelectualmente, jaló el gatillo del arma que le quitó la vida a Gisela. Si el gobernador Sinhué no manda, tampoco el congreso local, pero como se ha demostrado la información que se ha hecho pública en diversos medios y por analistas: el que manda es el Fiscal.