Morelia, Michoacán
El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla expresó su disposición para intervenir de manera “más decidida” en el conflicto laboral que mantiene paralizada la planta de acero de Arcelor Mittal en Lázaro Cárdenas, si así lo solicita el sindicato, tal como ocurrió en 2022. La planta ha estado detenida por 50 días.
“Si el sindicato lo solicita, participaremos de manera más decidida para poder sentarnos con la empresa. Todo se lleva a cabo en terreno legal con la instancia federal de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, pero nosotros estamos en la tesitura de resolver pronto el conflicto y echar a andar la planta de acero, asegurando que se cumplan las prestaciones a los trabajadores”, declaró Ramírez Bedolla.
En conferencia de prensa de inicio de semana desde Casa Michoacán, el mandatario estatal explicó que, el conflicto actual se centra en la disputa sobre el reparto de utilidades (PTU) de la empresa. En 2021, Arcelor Mittal reportó ganancias de 18 mil millones de pesos, lo que generó expectativas altas entre los trabajadores sobre el monto del PTU. Sin embargo, las ganancias reportadas en 2023 fueron de 3 mil 800 millones de pesos, lo que ha provocado desacuerdos sobre la distribución de las utilidades.
Las conversaciones lideradas por la STPS en la Ciudad de México han propuesto auditorías por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y dos despachos externos para revisar las ganancias de 2021 y la correcta distribución del PTU. Aunque se han alcanzado ciertos acuerdos, estos no han sido aceptados por la asamblea de trabajadores.
Además, Ramírez Bedolla destacó que la empresa ha ofrecido auditar sus ganancias y que los trabajadores exigen mayor transparencia y claridad en el reparto de utilidades. En 2022, la intervención gubernamental logró el reconocimiento del 10% del PTU, pero persisten dudas sobre la realización de auditorías y la distribución justa de las ganancias.
Finalmente, Ramírez Bedolla informó sobre la situación actual de los despidos y las negociaciones en curso. La empresa ha ofrecido el 75% de los salarios caídos durante el paro para aquellos trabajadores que regresen a laborar, mientras que los trabajadores exigen el 100% de los salarios caídos y una aportación económica adicional.
