El gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero aboga por medidas legales ante acusaciones de difamación de medios de comunicación en Nayarit

Miguel Ángel Navarro Quintero, gobernador de Nayarit, ha solicitado a sus colaboradores que recurran a medidas legales si se ven afectados por acusaciones por difamación contra su gestión, especialmente de medios de comunicación críticos.

“Sabe uno de dónde viene ese tipo de situaciones, pero tampoco impido a ellos que lleven a cabo cualquier acción legal para que salvaguarden su prestigio. Quien se crea lastimado en su prestigio puede hacer la demanda necesaria, y desde luego, la contraparte, la defensoría para que vaya a las instancias nacionales e internacionales.”, expresó el gobernador.

En una rueda de prensa en la casa de gobierno, Navarro Quintero enfatizó que la transparencia y la legalidad son esenciales para manejar estas controversias.

Rechazó cualquier acusación de conducta indebida y describió los señalamientos como “infundios”, mencionando supuestos abusos de autoridad y apropiación de terrenos entre las acusaciones.

“Repruebo a todo aquel que señala infundios, porque no lastima únicamente a uno, sino lastima a la familia y a las personas que lo estiman a uno”, declaró.

Además, negó cualquier acto de intimidación o detención indebida por parte de su equipo, asegurando que nunca permitiría tales actos.

“Yo de ninguna manera permitiría que mis colaboradores amenazaran a nadie y, mucho menos, es imposible porque los conozco y las conozco, privaran de la libertad a nadie”.

Navarro Quintero también criticó la ética de los acusadores, desafiándolos a confrontarlo directamente. Durante su discurso, etiquetó a ciertos críticos como “sicarios de la comunicación” y “sicarios en las redes”, acusándolos de buscar beneficios económicos mediante la difamación.

El gobernador afirmó su compromiso con la ética y profesionalismo, sin ceder ante las presiones.

“Yo lo advierto, así me maten no voy a dar un paso atrás.”

En Nayarit, los delitos de injurias y difamación están definidos en el Código Penal, con penas que varían según la gravedad del delito.

Aunque en 2018, la SCJN eliminó el delito de calumnia a nivel nacional, la injuria y la difamación siguen siendo punibles en el estado, con posibilidad de probar la veracidad de las imputaciones bajo ciertas condiciones, según los artículos 294 y 295 del código penal local.