Morelia, Michoacán

La tensión se palpaba en el aire cuando los activistas de la comunidad LGBTTTIQ+ alzaron la voz para denunciar lo que consideraron un fraude electoral durante la pasada elección. En el Foro sobre Auto Adscripción Calificada y Acciones Afirmativas para la Población LGBTTTIQ+, el descontento se materializó en acusaciones directas hacia las autoridades electorales, a quienes señalaron de omisión y complicidad.

En Casa Michoacán,la sala estaba llena de rostros indignados mientras uno a uno los oradores tomaban el micrófono para relatar lo que habían vivido. No había medias tintas en sus palabras:

“La acción afirmativa no fue más que un fraude”, repetían con fuerza. Los espacios que debían representar a la comunidad LGBTQI fueron ocupados, en su lugar, por personas heterosexuales que, aprovechándose de vacíos legislativos, se hicieron pasar por miembros de la comunidad.

El descontento era por la usurpación de candidaturas y la omisión del Instituto Electoral de Michoacán y de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; las autoridades de ambas instituciones, cómo pudieron, respondieron que se trataba de vacíos legales y falta de actuar de los mismos partidos políticos; para variar, se echaban la bolita.

A pesar de las múltiples denuncias y de que se les hizo ver las irregularidades, las autoridades permanecieron inertes durante al pasado proceso electoral. Lo que debía ser un triunfo para la diversidad se convirtieran en una burla.

Los activistas, con una mezcla de frustración y determinación, exigieron una reparación del daño. Quieren una disculpa pública y demandan que las personas que usurparon los espacios de la comunidad reciban una capacitación de al menos 90 horas.

Más allá de las demandas inmediatas, el llamado fue claro: es necesario actualizar la legislación electoral para que, en futuras elecciones, las acciones afirmativas realmente aseguren la participación y representación genuina de la comunidad LGBTQI.