Morelia, Michoacán
Es responsabilidad de las comisiones convocar a mesas de trabajo con los grupos afectados por reformas a la ley y no de los coodinadores parlamentarios, asegura el dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Ernesto Núñez Aguilar.
Esto, a raíz del reclamo de comunicadores a su coordinaria parlamentaria, Sandra Arreola, que luego de que se comprometió personalmente a llevar a parlamento abierto la iniciativa de reforma sobre apología del delito, el dictamen se introdujo de último minuto al orden del día de la sesión del pasado 28 de mayo y se aprobó sin el consenso de los periodistas, principales afectados por esta reforma al Código Penal.
“La Comisión de Justicia es quien tiene que organizar los foros. A mí cuando me suelen preguntar que si estaría de acuerdo en participar, pues claro que sí estaría de acuerdo; sin embargo, es la comisión de Justicia que dictaminaba y que debía de haber hecho estos foros”, justificó el diputado federal.
Sandra Arreola, aunque estaba presente en la rueda de prensa, optó por no declarar nada, mientras que Ernesto Núñez agregó que fue gracias a su bancada que se presentó una reserva “que les interesaba a los medios”:
“Esa reserva se presentó a petición de los medios de comunicación y la presentó a nuestro partido. Es más, se suspendió la sesión por un tiempo, un receso, y fue porque nosotros planteamos que íbamos a acompañar esta iniciativa solo si se daba esta reserva y se logró y le hizo el Partido Verde”, dijo.
Sin embargo, no fue así, el colectivo Ni Uno Más, que encabezó las protestas el día de la sesión, dejó en claro que no estaba de acuerdo con la reserva, puesto que mantenía la ambigüedad en la redacción y la reforma seguía siendo violatoria de los derechos humanos de la población en general y acudió ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) para buscar un recurso de inconstitucionalidad para derogar la reforma.
“La reserva que les interesaba a los medios se presentó y fue por el Partido Verde y se condicionó que si no, no acompañáramos la reserva, por eso se detuvo tanto tiempo la sesión y se hicieron cambios importantes”, insistió el dirigente.
El “cambio” al que se refiere en realidad es un agregado en donde se establece que se excluye de sanción a los periodistas que aludan al crimen organizado en sus medios informativos; sin embargo, cualquier otra persona que haga alusión al mismo -independientemente de si es con fines de exaltación, de denuncia o de información-, será castigada con cárcel.
