El FMI ajusta a la baja las expectativas de crecimiento económico de México para 2024 y 2025.
Ciudad de México.-El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha emitido una advertencia sobre la desaceleración económica de México, ajustando sus proyecciones de crecimiento a solo 1.5 por ciento para 2024, lo cual es significativamente inferior al 2.2 por ciento previsto anteriormente en julio.
Según el último informe de Perspectivas Económicas Globales del FMI, se espera que el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de México también disminuya en 2025, alcanzando solo el 1.3 por ciento.
“La actividad se está desacelerando. A pesar de una política fiscal expansiva, el crecimiento se está ralentizando (…) en parte por las restricciones de capacidad vinculantes y por una política monetaria restrictiva”, indicó el FMI.
Recientemente, el FMI concluyó una misión en México bajo el artículo IV, que sirve para evaluar a los países susceptibles de recibir préstamos.
El reporte preliminar sugiere que México podría alcanzar la meta de inflación del 3 por ciento establecida por el Banco de México (Banxico) para 2025, aunque se anticipa una tasa de inflación del 4.5 por ciento para 2024.
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“Los riesgos para el crecimiento están sesgados a la baja mientras que los de la inflación al alza. Un crecimiento más débil de lo esperado en Estados Unidos, un incremento en la aversión global al riesgo y efectos imprevistos de las reformas institucionales (de México) podrían pesar en el resultado”, explicó el organismo.
El FMI ha recomendado al gobierno de Claudia Sheinbaum, recientemente inaugurado, adoptar una estrategia fiscal a medio plazo que reduzca el déficit y la deuda, aumente los ingresos tributarios y genere espacio fiscal para invertir en capital humano y físico. Además, sugiere capitalizar el fenómeno del “nearshoring”.
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No obstante, el FMI ha expresado preocupación por las recientes reformas judiciales en México, que desde 2025 permitirán la elección popular de jueces y miembros de la Suprema Corte, generando incertidumbres sobre la eficacia del cumplimiento de contratos y la predictibilidad del Estado de derecho.
