Desde el 1 de julio entró en vigor en Florida una ley que autoriza a los maestros de escuelas públicas aplicar castigos físicos a los estudiantes, como nalgadas, siempre que cuenten con el consentimiento escrito de los padres de familia.

La normativa establece que cada distrito escolar decidirá si implementa o no esta medida, en caso de aplicarse, el procedimiento deberá ser autorizado previamente por el director del plantel y realizado en presencia de otro adulto; además, los padres tendrán derecho a recibir un informe detallado de las razones del castigo.

De acuerdo con cifras del Departamento de Educación de Florida, durante el ciclo escolar 2023-2024 se registraron 516 casos de castigos corporales en 17 condados.

Florida es uno de los 17 estados del país donde esta práctica aún es legal, aunque en la mayoría de las entidades ya está prohibida.

La medida ha generado posturas encontradas, la representante estatal Dana Trabulsy, promotora de la iniciativa, defendió la reforma al considerarla un “punto intermedio” que ofrece a los padres la opción de permitir este tipo de disciplina.

En contraste, organizaciones de derechos infantiles y especialistas en educación han expresado su rechazo; Katie Becker, directora de la organización Parenting Matters, advirtió que los castigos físicos tienen efectos negativos a largo plazo:

“La evidencia muestra que los castigos corporales afectan el futuro de los niños, nuestro objetivo no es que sobrevivan, sino que prosperen”.