Redacción / La Voz de Michoacán

Morelia, Michoacán. La Fiscalía General de la República en Michoacán ha incurrido en una deficiente integración de carpetas de investigación, como se demuestra en un comunicado de prensa emitido la tarde de este viernes.

En el boletín, la representación en Michoacán de la FGR informó del robo de dos camiones cargados de aguacate.

El primero de ellos, “de acuerdo con la primera indagatoria, el apoderado legal de un particular interpuso una denuncia ante el Ministerio Público Federal (MPF), debido al robo realizado por sujetos armados sobre la autopista Villa Madero, a la altura de la tenencia de Tiripetío, en Morelia; los delincuentes sustrajeron más de 20 mil kilos de aguacate, el cual trasladaban en un tractocamión con caja seca”.

Sin embargo, salta a la vista el segundo caso del que se da cuenta, pues el boletín dice textualmente:

“En el segundo caso, también el apoderado legal de un particular interpuso denuncia ante el MPF por el robo sobre la autopista Pátzcuaro-Cuitzeo, a la altura de la comunidad de Cuto del Porvenir, en Tarímbaro, donde también sujetos armados robaron más de 20 mil kilos de aguacate, los que trasladaban a bordo de un vehículo tipo tractocamión con caja seca”.

Sin embargo, Cuto del Porvenir, municipio de Tarímbaro, no queda ni siquiera cerca de la referida autopista, sino a un costado de la carretera Morelia-Salamanca. En todo caso podría tratarse de Cuto de la Esperanza, municipio de Morelia, pues incluso una plaza de cobro lleva el nombre de esa tenencia.

La gravedad del tema radica en que una carpeta de investigación integrada con tales inexactitudes facilita el trabajo de los abogados defensores en caso de que por este atraco haya personas detenidas.

Nula, la judicialización de carpetas de investigación

Es muy frecuente que la Fiscalía General de la República (FGR) abra carpetas de investigación a partir de las denuncias que recibe, pero los expedientes no suelen pasar exitosamente la prueba judicial. La organización México Evalúa ha documentado un persistente cuello de botella en el sistema de justicia penal. El estudio indica que, de los 2.2 millones de carpetas de investigación abiertas en 2022, solo en 96 mil 500 casos (el 4.3% del total) la Fiscalía logró que un juez dictara la vinculación a proceso de los acusados. La cifra es prácticamente igual a la de 2021, señala el estudio.

Este indicador muestra la eficacia de los fiscales en la labor de convencer al juez de que los indicios y evidencias que recabaron para sustentar una acusación son legales y consistentes. Si el juzgador da crédito y considera que hay elementos para presumir que el delito se cometió y que la persona acusada puede ser responsable, autoriza que el proceso continúe en la etapa judicial. Esa es la vinculación. Que el asunto llegue a una sentencia —condenatoria o no— es cosa posterior, pero, de entrada, la vinculación a proceso es un examen en el que se pone a prueba la robustez y limpieza de las investigaciones a cargo de la FGR. Por ello, menos del 5% de los expedientes de la Fiscalía pasen esta etapa es muestra de un fallo grave en la procuración de justicia, de acuerdo con México Evalúa.

El informe de la ONG también muestra que hay un enorme rezago de la FGR en la integración de las carpetas o francamente una renuncia a su facultad de indagar. El periodo del análisis abarca la gestión de Alejandro Gertz al frente de la institución de procuración de justicia.

Al cierre de 2022, del total de expedientes abiertos, 1.1 millones seguían en etapa de investigación (el 52.3%). En otros 967 mil casos (el 43%), la Fiscalía tomó la decisión de no seguir investigando, ya sea porque envió las carpetas al archivo temporal,  decidió no ejercer la acción penal,  se abstuvo, o se declaró incompetente o decidió acumular a otros expedientes, entre otras figuras previstas en la ley y que respaldan la inacción de la FGR, “sin tener claridad sobre si se justificaban esas determinaciones”, indica el estudio.

México Evalúa advierte de que hay una tentación de atribuir los fallos en el sistema de justicia penal a los jueces. Ejemplos recientes hay muchos en el ambiente político mexicano. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha convertido al Poder Judicial en el sospechoso habitual y ha descargado en los juzgadores la responsabilidad de la impunidad que impera en el país. Para el mandatario, los fallos se deben a la corrupción judicial y a las “convivencias inconfesables” de los jueces y no a las violaciones al debido proceso cometidas por la Fiscalía o los cuerpos de seguridad.