Daire Zúñiga / La Voz de Michoacán

Morelia, Michoacán. Tras complicaciones de salud y afectaciones después de un atentado, dos antiguos miembros de la Policía Municipal de Cuitzeo fueron cesados de sus funciones sin haber recibido una indemnización, afirmaron este lunes en una denuncia pública.

Expolicías del ayuntamiento de Cuitzeo acusaron el despido injustificado por parte de la administración municipal de Rosa Elia Milán Pintor en contra de al menos ocho elementos de la corporación local.

Melina Galván García, quien tenía la función de radioperadora policial en la demarcación, denunció públicamente haber sido separada de su cargo luego de que fue sometida a una intervención quirúrgica debido a una complicación de salud, por la cual se había negado a realizar actividades operativas que supuestamente ordenó la presidenta municipal, Rosa Elia Milán Pintor.

Galván García resaltó que su función como policía correspondía a atender llamadas de emergencia, sin embargo, mencionó que sin previo aviso fue reasignada para realizar otro tipo de actividades.

Según la expolicía, el comandante encargado del jefe de turno en servicio, Nicolás Chávez Rangel, ordenó que realizara labores de patrullaje pese a que contaba con una orden médica con la prescripción de no realizar ningún tipo de esfuerzo físico, así como de no llevar herramientas ni equipos tácticos.

Ante esto, Melina Galván rechazó llevar a cabo la instrucción del comandante, quien supuestamente aseguró que así lo había establecido la alcaldesa del municipio.

La expolicía además compartió que decidió acudir directamente con Milán Pintor para solicitar un escrito en el que se reiterara la instrucción, mismo que le fue negado por parte de la presidenta de Cuitzeo.

“Me dijo que yo así no le servía para nada en las funciones policiales, pero yo no entendía, porque mi función es recibir llamadas de emergencia, pero ella me sacó de ahí” comentó.

Melina Galván mencionó que después de haber estado en incapacidad laboral por el proceso quirúrgico, no recibió el salario correspondiente, por lo que intentó comunicarse con la Dirección de Seguridad y en ese momento se le informó haber sido separada de su cargo.

Señaló que además acudió a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) para presentar una queja por el trato de parte de la alcaldesa, pues supuestamente ha amenazado a los elementos de la Policía Municipal y algunos tienen miedo a las represalias.

NO ES EL ÚNICO CASO DE ABUSO POLICIAL

Por su parte, Alejandro José Orozco Medina afirmó haber sido víctima de un atentado mientras trabajaba como policía municipal de Cuitzeo en julio del 2021.

Comentó que hasta la fecha, continúa con complicaciones médicas debido al impacto de arma de fuego, las cuales han implicado reconstrucciones faciales y desencadenado hasta una hernia.

Orozco Medina aseguró que fue separado de su cargo luego de que el año pasado el Ayuntamiento de Cuitzeo le solicitara un reporte de incapacidad laboral, documento que no pudo proporcionar debido a que no contó con Seguro Social durante el tiempo que laboró en la administración.

“Fue la justificación que ellos tuvieron, que yo me negaba a presentar una incapacidad, lo que es algo ilógico si no tengo seguro social”, expuso.

Comentó que durante su tratamiento se había atendido en el área de salud pública, en donde únicamente le proporcionaban un resumen clínico y este no fue aprobado por las autoridades del ayuntamiento para respaldar su situación médica.

Por lo anterior, Alejandro Medina exige que la administración de Milán Pintor se haga cargo de los gastos médicos que ha tenido que realizar en el sector privado y además, del pago que le corresponde por despido injustificado.

Finalmente, el representante legal de ambos expolicías, Francisco Sánchez, señaló que se ha iniciado “un procedimiento de carácter legal” pues se tienen los elementos suficientes para conseguir sentencias favorables para los afectados.

Detalló que en el caso de Melina Galván, ya hay una sentencia por parte del tribunal administrativo, la cual reconoce el derecho a la seguridad social desde el año 2014 que comenzó a trabajar en la corporación y a las prestaciones que dejó de percibir así como a las incapacidades médicas.

Compartió que ante esta sentencia, el ayuntamiento emitió un documento en el que argumenta no contar con los recursos necesarios para apoyar a los expolicías, sin embargo, esta sentencia determina que es obligatorio brindar seguridad social a los trabajadores y además se decretó el cese injustificado por parte de la administración. Explicó que en el caso de que la autoridad no responda a lo que ha determinado el tribunal, se iniciará un proceso de ejecución forzosa, en el cual se obligará a realizar el pago de compensaciones.