La SCJN confirma que la explotación de litio en México es exclusiva del Estado, rechazando amparos de empresas privadas.
Ciudad de México.-El miércoles, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reiteró que solo el Estado mexicano puede explotar el litio, al rechazar un amparo de Grupo Bararal contra la Ley Minera reformada en abril de 2022.
La reforma, promovida por Andrés Manuel López Obrador durante su presidencia (2018-2024), categoriza al litio y otros minerales estratégicos como ‘de utilidad pública’, reservando su explotación exclusivamente al Estado y prohibiendo concesiones privadas.
El ministro Alberto Pérez Dayán fue el responsable de redactar el proyecto que desestima el amparo, el cual fue unánimemente aprobado por la Segunda Sala de la SCJN.
Ratifica SCJN que explotación de litio es exclusiva de México
La decisión se fundamentó en la “supremacía constitucional”, indicando que, aunque se concediera el amparo para los artículos impugnados de la Ley Minera, una reforma constitucional posterior impide cualquier concesión sobre el litio.
Por lo tanto, se concluyó que una posible concesión del amparo sería ineficaz, dado que la legislación constitucional prohíbe concesiones sobre este mineral.
Grupo Bararal, que posee la concesión minera 246359 en el lote “San Pedro” en Satevó, Chihuahua, alegó que la reforma de 2022 perjudica su título de concesión, válido hasta 2068, que les permitía explorar y explotar varios minerales.
Sin embargo, la Suprema Corte determinó que la modificación constitucional especifica que no se otorgarán concesiones para el litio, reafirmando la exclusividad estatal en su explotación.
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Este fallo es parte de los esfuerzos del Gobierno mexicano por mantener la soberanía energética y el control estatal de recursos clave como el litio, vital para la producción de baterías para vehículos eléctricos y otros dispositivos.
La nacionalización del litio pretende asegurar que su explotación beneficie al desarrollo nacional y no a intereses privados.
Además, esta resolución establece un precedente significativo en la política minera nacional, confirmando que el Estado mexicano tiene la facultad exclusiva para la exploración y explotación del litio, en línea con las recientes reformas legales y constitucionales destinadas a proteger este recurso estratégico.
