Exigen que el Estado Mexicano asuma su responsabilidad ante estos delitos de lesa humanidad, y se ordenen nuevas líneas de investigación para dar con el paradero de los desaparecidos e los “vuelos de la muerte”

Morelia, Michoacán.- Luego que el pasado siete de agosto se conociera el listado de 183 nombres de víctimas que habrían sido desaparecidos en los “vuelos de la muerte” durante el periodo de la llamada Guerra Sucia en México, en donde aparecen los nombres de siete michoacanos, la familia Guzmán Cruz exigió al presidente Andrés Manuel López Obrador pronunciarse al respecto.

El referido listado se conoció a raíz de una investigación realizada por la periodista Marcela Turati del Proyecto A Dónde van los Desaparecidos y Quinto Elemento Lab, en él se consigna la lista de 183 personas detenidas en México entre 1972 y 1974 a partir de una carta perteneciente al archivo del Comité Eureka, que fue entregada a su fundadora Rosario Ibarra de Piedra en 2004.

Los hermanos Amafer, Solón y Armando Guzmán Cruz, junto con su padre Jesús Guzmán Jiménez, habrían sido víctimas de los “vuelos de la muerte” conforme al listado, y aún estaría por conocerse la suerte de Solón, otro de los hermanos.

Por ello este martes integrantes de la familia Guzmán Cruz, en compañía del Consejo Supremo Indígena de Michoacán y del Comité de Familiares de Personas Detenidas-Desaparecidas en México, COFADDEM, se pronunciarían al respecto del listado de las víctimas de los referidos vuelos.

“Ante estas noticias y en conjunto con la familia Guzmán, exigimos al todavía presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que se pronuncie oficialmente sobre las ejecuciones extraoficiales y los vuelos de la muerte realizados por las fuerzas armadas, no puede haber democracia con desaparecidos políticos, no hay transformación sin justicia, el actual gobierno se acaba y todavía queda la deuda histórica con las familias víctimas de desaparición”, señaló Pavel Guzmán, vocero del Consejo Supremo y sobrino de los hermanos Guzmán Cruz desaparecidos.

Manifestó la exigencia para que el Estado Mexicano asuma su responsabilidad ante estos delitos de lesa humanidad, se ordenen nuevas líneas de investigación para dar con el paradero de los desaparecidos y se abran los archivos de la Secretaría de la Defensa Nación, “la lucha no se acaba, con esta nueva información, apenas inicia”.

Los “Vuelos de la muerte”

Cristina Paredes Lachino del COFADDEM, apuntó que de acuerdo con la información disponible, autoridades del Estado Mexicano están al tanto de la existencia del documento y conocen su contenido, por lo que “instamos a dichas instituciones a llevar a cabo el proceso de entrega de información de manera sensible y responsable a las víctimas. Sobre todo, exhortamos a que el Estado Mexicano en su conjunto, adelante una investigación exhaustiva y diligente del contenido del documento y todos los documentos relacionados con los vuelos de la muerte”.

Cabe apuntar que el listado publicado en la investigación periodística consigna 24 “viajes” y un “viaje especial” ocurridos en 1974, en donde personas detenidas entre abril de 1972 y diciembre de 1974, habrían sido desaparecidas tirándolas al océano Pacífico en “vuelos de la muerte” que partían de la base aérea militar de Pie de la Cuesta, en Guerrero.

En la rueda de prensa de este martes, Abdallán y Graciela Guzmán Cruz, demandaron al Gobierno federal instrumentar investigaciones profundas sobre la operación de los referidos vuelos, y la estrategia de contrainsurgencia instrumentada por las fuerzas militares y de seguridad.

“Soy víctima presencial de los hechos ocurridos hace 50 años en Tarejero”, señaló Graciela Guzmán aludiendo al tiempo en que militares y miembros de la Dirección Federal de Seguridad irrumpieron en la comunidad en busca de sus hermanos, llevándose a uno junto con su padre.

“No sé por qué la señora Ibarra haya tomado decisiones para ocultarnos la verdad, si se le entregó el documento sobre la existencia de los vuelos de la muerte y hasta hora nos hacen ese conocimiento. ¿Por qué no se nos consultó?, ¿por qué no se nos dijo?, nosotros como familia no perdonamos ni lo que hizo la señora Rosario Ibarra de Piedra, ni lo que hace el sistema, ni lo que hizo el gobierno, seguimos exigiendo memoria y justicia, porque justicia no es que nos revelen que los mataron en el vuelo de la muerte, justicia es para mí, que los culpables reciban el castigo y que el gobierno se pronuncie sobre los acontecimientos ocurridos en esos años”, señaló Graciela.

Por su parte Abdallán refirió que independientemente del listado dado a conocer, lo que sucedió con los vuelos de la muerte, es la evidencia empírica, real, objetiva de que el gobierno reprimió al movimiento social y en particular al movimiento social armado.

“A la familia se le reprimió, se le golpeó, se le torturó, se le desapareció, y hoy nos dicen que fueron tirados al mar; queremos dejar claro que eso que se hizo con la familia, se hizo con todos los que detuvieron, con todos quienes de una u otra manera decidieron enfrentar al Estado y su política”, refirió.