Estados Unidos intensifica su ofensiva contra narcolanchas en el Pacífico Oriental, hundiendo ocho embarcaciones en dos meses.
Estados Unidos.- Este 21 de octubre de 2025, Estados Unidos llevó a cabo una operación militar en aguas internacionales del Pacífico Oriental, cerca de Colombia, donde hundió una narcolancha, este evento marca la octava acción similar desde septiembre, en una campaña contra el narcotráfico.
La embarcación, que transportaba fentanilo y otras drogas sintéticas, fue atacada basándose en inteligencia estadounidense. Dos personas murieron y dos sobrevivientes, de nacionalidad colombiana y ecuatoriana, fueron rescatados y regresados a sus países para enfrentar procesos legales.
Esta acción es parte de un despliegue militar sin precedentes en la región desde hace cuatro décadas, autorizado por el presidente Donald Trump en septiembre de 2025. La estrategia incluye “ataques cinéticos letales” contra embarcaciones sospechosas de transportar drogas, con el objetivo de desmantelar las rutas del narcotráfico hacia Norteamérica.
Estados Unidos ha clasificado a los cárteles como organizaciones terroristas, similar al Cartel de los Soles en Venezuela, y considera que está en “conflicto armado” con estos grupos, según una notificación confidencial al Congreso.
Desde el inicio de la ofensiva, se han hundido ocho embarcaciones, resultando en al menos 38 muertes, principalmente de presuntos miembros de cárteles venezolanos como el Tren de Aragua. Los incidentes comenzaron el 2 de septiembre cerca de Venezuela, con 11 fallecidos, y continuaron en diversas ubicaciones, culminando con el reciente ataque en el Pacífico Oriental.
El giro estratégico hacia el Pacífico Oriental, una ruta crucial para el tráfico de cocaína desde Colombia hacia Centroamérica y México, fue destacado por el secretario de Defensa, Pete Hegseth, quien afirmó:
“Los cárteles son el nuevo Al Qaeda. No habrá refugio ni perdón, solo justicia”.
Hegseth ha estado al frente de varias de estas operaciones, subrayando la necesidad de neutralizar las amenazas en el mar antes de que lleguen a Estados Unidos.
El presidente Trump elogió la campaña en su cuenta de Truth Social, declarando que “Estados Unidos no negociará con narcoterroristas. Los interceptaremos en el mar, en el aire y en tierra”.
Bajo su liderazgo, el despliegue incluye destructores de misiles guiados, aviones F-35, un submarino nuclear y unos 6,500 efectivos en el Caribe y áreas adyacentes.
Organizaciones de derechos humanos y gobiernos latinoamericanos han expresado preocupación por la legalidad de los ataques, realizados sin juicios ni detenciones formales. El presidente colombiano Gustavo Petro ha calificado las operaciones como “ejecuciones extrajudiciales” y ha exigido explicaciones sobre posibles víctimas civiles.
Expertos legales cuestionan la invocación de poderes bajo el Artículo II de la Constitución y la Autorización para el Uso de la Fuerza Militar de 2001 (AUMF), ya que el Congreso no ha autorizado formalmente un conflicto armado contra narcotraficantes, lo que podría violar normas internacionales.
Con ocho narcolanchas hundidas en menos de dos meses y un saldo de al menos 38 muertos, Estados Unidos reafirma su postura de guerra total contra el narcotráfico.
La expansión al Pacífico Oriental sugiere que esta campaña podría extenderse a ataques terrestres o aéreos, mientras las implicaciones legales y humanitarias continúan bajo escrutinio internacional, con llamados en la ONU para investigaciones independientes sobre las muertes civiles y la proporcionalidad de la fuerza letal.
