Redacción / La Voz de Michoacán

Morelia, Michoacán. Este mes de octubre, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) obtuvo sentencia condenatoria en contra de 4 hombres por el delito de extorsión agravada, comúnmente llamado “cobro de piso”.

13 de octubre

De acuerdo con la información oficial, el 13 de octubre, mediante un procedimiento abreviado, se condenó a Francisco Javier N. a 10 años y 6 meses de prisión, así como al pago de reparación del daño.

Las investigaciones revelaron que, desde principios de 2024, la víctima, un empresario maderero de Uruapan, había estado pagando cuotas a supuestos miembros de una célula delictiva. Tras denunciar la situación a la Fiscalía Regional de Uruapan, la Carpeta de Investigación fue turnada a la Unidad Especializada de Combate al Secuestro (UECS). Francisco Javier M. fue detenido en flagrancia mientras realizaba el cobro de la extorsión en un estacionamiento.

9 de octubre

Así mismo, el pasado 9 de octubre se logró una pena de 11 años de prisión para Sahay A. y Pompilio L., quienes fueron encontrados culpables de extorsionar a un dueño y un empleado de un centro de tratamiento de adicciones en Morelia.

De las investigaciones se desprende que el 24 de mayo de 2023, tres presuntos integrantes de una célula delictiva acudieron a dicho centro de rehabilitación, donde se encontraba una de las víctimas, a quien amenazaron con hacerle daño a él y a su patrón, si no entregaban una importante cantidad de dinero a cambio de protección. Ante estos hechos la víctima llevó a cabo la negociación del pago a través de mensajes de WhatsApp y acordó la entrega.

El 30 de septiembre de ese mismo año, tras acudir al estacionamiento de un supermercado ubicado al Sur de la ciudad, personal de la Unidad Especializada de Combate al Secuestro (UECS) implementó una acción operativa que dio como resultado la detención de Sahay A., y Pompilio L., quienes acudieron a recoger el pago de la extorsión.

6 de octubre

Por otra parte, el 6 de octubre, la fiscalía consiguió un fallo condenatorio en contra de Omar Alfonso A. por extorsión agravada contra una comerciante de Puruándiro. Durante un juicio oral, se demostró que el 30 de julio de 2023, el inculpado junto con otros miembros de una célula criminal amenazaron a la víctima, exigiendo dinero a cambio de no hacerle daño.

Tras amedrentar a la mujer con atentar contra su integridad, la de su familia y su negocio, le exigieron una importante cantidad de dinero; sin embargo, la agraviada dijo no contar con el recurso, por lo que advirtieron que se estarían comunicando para pactar la entrega.

Derivado de lo anterior, la víctima recibió varias llamadas telefónicas en las que fue presionada para realizar la entrega del efectivo, y después, fue citada en un negocio de la colonia El Saucito, en donde entregaría el pago.

Al llegar al sitio que le indicaron, y durante el intercambio del dinero, elementos de la policía que se encontraban en operativo se acercaron a ellos, y en respuesta, realizaron detonaciones de arma de fuego en su contra, acción que fue repelida por los agentes, quienes detuvieron en flagrancia a Omar Alfonso A., el cual fue presentado ante el agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada de Combate al Secuestro (UECS), que dio inicio a la Carpeta de Investigación, por lo que posteriormente fue vinculado a proceso.

"Cobro de piso" en México

De acuerdo con datos de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec) reveló que 22 de 32 estados del país son víctimas de extorsión al comercio, es decir el 70% del territorio nacional.

Según el Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), los casos más significativos de "cobro de piso" en el país se presentan en diversas regiones.

En Michoacán y Veracruz, los delincuentes extorsionan a productores por cada kilogramo o tonelada de aguacate y limón. En Sinaloa, el cobro se centra en el tomate, mientras que en Guerrero y Zacatecas, se exige una cuota por el kilogramo de tortilla y por la seguridad de los comercios. En Campeche, las extorsiones afectan la pesca y la venta de camarón; en Chiapas, los delitos están relacionados con la madera. En Quintana Roo, los servicios turísticos, incluyendo hoteles, tiendas y restaurantes, también están en la lista de pagos. Finalmente, en la Ciudad de México, los tianguis y comercios deben abonar para poder operar.