Desiderata Legal

El 3 de julio es una fecha de gran importancia en la historia de México, ya que conmemoramos el derecho al voto de las mujeres, un logro monumental que marcó el inicio de una nueva era en la política y la sociedad mexicana. Este año, esta fecha se vuelve aún más relevante con la elección de la primera presidenta de la República en nuestra historia.

Este hito es una muestra de cómo el papel de la mujer en la política ha evolucionado y se ha fortalecido con el tiempo. La lucha por el derecho al voto femenino tiene raíces profundas tanto a nivel internacional como nacional. A nivel mundial, el movimiento sufragista comenzó a ganar fuerza en el siglo XIX.

Uno de los hitos más importantes fue la Convención de Seneca Falls en 1848 en Estados Unidos, donde líderes como Elizabeth Cady Stanton y Lucretia Mott iniciaron una campaña por los derechos de las mujeres. En 1893, Nueva Zelanda se convirtió en el primer país en otorgar el derecho al voto a las mujeres.

En 1920, la 19ª Enmienda de la Constitución de Estados Unidos garantizó el voto femenino. Otros países, como el Reino Unido, siguieron este ejemplo en 1928. En México, la lucha por el voto femenino fue ardua y prolongada. Desde principios del siglo XX, mujeres como Hermila Galindo y Elvia Carrillo Puerto comenzaron a abogar por los derechos políticos de las mujeres.

Hermila Galindo, una feminista y revolucionaria, fue una de las primeras en promover la igualdad de género y el sufragio femenino. Elvia Carrillo Puerto, conocida como “La Monja Roja del Mayab”, fue una incansable defensora de los derechos de las mujeres y jugó un papel crucial en la obtención del voto femenino en Yucatán en 1923, aunque este derecho fue revocado posteriormente.

Fue hasta 1953, bajo el gobierno de Adolfo Ruiz Cortines, que las mujeres mexicanas lograron el derecho al voto a nivel nacional. La reforma constitucional que permitió este avance fue el resultado de décadas de activismo y perseverancia de muchas mujeres mexicanas, entre ellas Amalia González Caballero de Castillo Ledón, quien fue una destacada activista y diplomática que promovió los derechos políticos de las mujeres.

Desde que se reconoció el derecho al voto femenino, las mujeres han demostrado ser una fuerza electoral significativa. Según datos del Instituto Nacional Electoral (INE), en 2024 las mujeres representan el 52% del electorado y son las que más votan en comparación con los hombres, con una participación del 65% frente al 60% de los hombres en las elecciones de 2024. Esto refleja no solo su interés en participar en la vida política del país, sino también su compromiso con la construcción de una sociedad más equitativa y justa.

La paridad de género en México es otro aspecto que merece ser destacado. Nuestra Constitución es una de las pocas en el mundo que garantiza la paridad de género en cargos de elección popular. Esto significa que, por ley, los partidos políticos deben postular igual número de hombres y mujeres en las candidaturas. Esta medida ha tenido un impacto significativo en la representación femenina en el gobierno.

En 2024, 12 de los 32 estados de la República están gobernados por mujeres, un récord histórico. La elección de la primera presidenta de México es un testimonio de los esfuerzos y luchas de generaciones de mujeres que han trabajado incansablemente por la igualdad de derechos. Sin embargo, este logro va más allá de un simple simbolismo. Romper el “techo de cristal”, esa barrera invisible que limita el ascenso de las mujeres a puestos de alto liderazgo, es crucial para inspirar a futuras generaciones y demostrar que el género no debe ser un obstáculo para alcanzar el poder.

El concepto de “piso resbaladizo” se refiere a la precariedad y vulnerabilidad que muchas mujeres enfrentan en sus carreras, donde deben demostrar constantemente su valía y enfrentar mayores riesgos de caída. La presencia de una mujer en la presidencia envía un mensaje poderoso sobre la capacidad y la resiliencia femenina, ayudando a estabilizar ese “piso” para muchas mujeres en posiciones de poder y responsabilidad. Sin embargo, no podemos ignorar el grave problema de la violencia política por razón de género.

En 2024, la violencia política contra las mujeres ha sido una preocupación creciente. Según datos de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE), los casos de violencia política contra las mujeres han aumentado en un 20% en comparación con el ciclo electoral anterior. Esta violencia se manifiesta en formas de amenazas, intimidación, difamación y, en casos extremos, agresiones físicas. La violencia política no solo busca desalentar la participación de las mujeres, sino también perpetuar estructuras de poder patriarcales.

Para entender la magnitud del avance, es importante recordar a las mujeres que han sido candidatas a la presidencia en México. En 1982, Rosario Ibarra de Piedra fue la primera mujer en postularse a la presidencia, representando al Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT). En 1994, Cecilia Soto se convirtió en la candidata presidencial del Partido del Trabajo (PT). En 2006, Patricia Mercado compitió por el Partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina. En 2018, Margarita Zavala se postuló como candidata independiente, aunque se retiró antes de las elecciones. Finalmente, en 2018, la indígena María de Jesús Patricio Martínez, conocida como Marichuy, también buscó la candidatura independiente, aunque no logró reunir las firmas necesarias.

Cada una de estas candidatas enfrentó enormes desafíos y rompió barreras en su tiempo, preparando el camino para la histórica elección de 2024. La ONU ha subrayado la importancia de la participación de las mujeres en la política como un medio esencial para alcanzar la igualdad de género y fortalecer la democracia. Según ONU Mujeres, los países con mayor igualdad de género en la toma de decisiones tienden a ser más inclusivos, equitativos y prósperos.

La inclusión de las mujeres en el liderazgo político no solo es una cuestión de justicia, sino también de eficiencia y buen gobierno. No obstante, la primera presidenta de México se enfrenta a retos enormes en un país con altos niveles de violencia e inseguridad. Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en 2024 se registraron más de 35,000 homicidios dolosos y cerca de 1,000 feminicidios.

Estos datos reflejan la persistente crisis de seguridad que afecta a toda la población, pero que tiene un impacto desproporcionado en las mujeres. La violencia contra las mujeres sigue siendo alarmante. El SESNSP reporta que en el primer semestre de 2024 se registraron más de 200,000 llamadas de emergencia relacionadas con violencia de género. Además, la violencia doméstica y los abusos sexuales siguen siendo problemas graves.

La presidenta deberá enfrentar estos desafíos con políticas efectivas que protejan a las mujeres y fortalezcan el estado de derecho. En conclusión, el 3 de julio no es solo una fecha para recordar el derecho al voto de las mujeres, sino también para celebrar los avances en la representación política femenina en México. Con una Constitución que promueve la paridad de género y una creciente participación de mujeres en la política, estamos avanzando hacia una sociedad más equitativa y justa.

Es fundamental seguir apoyando y fomentando la participación de las mujeres en todos los ámbitos de la vida pública para consolidar estos avances y continuar construyendo un México mejor para todos. Al mismo tiempo, debemos redoblar nuestros esfuerzos para erradicar la violencia política por razón de género y garantizar un entorno seguro y justo para todas las mujeres que deseen participar en la vida pública.

La autora es doctora en Derecho, académica de la UMSNH

e integrante del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT.